Por: Hernán Sorhuet Gelós, Diario “El País” de Uruguay, GDA
El Comercio, 14 de junio de 2018
El Gobierno anunció un proyecto de ley que pretende regular la utilización de las bolsas de plástico, omnipresentes en las compras diarias de la población y causantes de la elevada contaminación de terrenos, espacios abiertos, cursos de agua, playas, etc.
Por otra parte, el pasado 8 de junio se conmemoró el Día Mundial de los Océanos bajo el lema “Limpiemos nuestros océanos”, recogiendo una preocupación global por las preocupantes dimensiones y alcances de la contaminación registrada en todos los mares, particularmente por el plástico.
Si bien este material ha sido una magnífica creación de los seres humanos, debido a la multiplicidad de usos y de ventajas para la elaboración de toda clase de productos de uso cotidiano, al mismo tiempo una buena parte de él termina como desecho contaminante capaz de poner en peligro la salud y el equilibrio de ecosistemas enteros. El problema no es el plástico, sino lo que hacemos con él una vez que lo desechamos.
En ese sentido, la situación de los océanos es delicada como lo viene denunciando la comunidad internacional de científicos e investigadores.
Restos plásticos de todo tamaño –en especial el microplástico– están presentes en todas partes, aun en aquellas regiones más alejadas y deshabitadas, como la Antártida.
Los ecosistemas costero-marinos son muy sensibles a la presencia de estos residuos, con el agravante de que es muy lenta su degradación natural, lo que asegura su presencia por mucho tiempo.
La vida oceánica se ve muy afectada, desde el plancton hasta los peces, aves y mamíferos marinos, entre otras razones porque los fragmentos de plástico suelen confundirse con alimento –por ejemplo, el parecido que llega a tener un resto de bolsa plástica transparente con una medusa– enfermando o matando a los desprevenidos animales. Y, desde luego, muchos de estos pequeñísimos residuos son ingeridos por peces y mariscos, y llegan inadvertidamente al mercado para el consumo humano.
Debido al uso masivo de las bolsas plásticas y a un pésimo manejo de estos residuos, buena parte de ellos termina contaminando el suelo y el agua en muchas partes del territorio nacional.
La mencionada norma busca disminuir este problema atribuyéndole un costo económico al usuario, el que deberá abonar en el momento de la compra. El espíritu de la norma da por hecho que la población no hará voluntariamente este “cambio de conducta”, como un acto de responsabilidad social y ambiental. En lo que no estamos de acuerdo es en que ese dinero vaya a parar a las oficinas recaudadoras del Estado, sin que se establezca claramente que su uso deba ser exclusivamente para financiar políticas sustentables de gestión y disposición final de residuos, que ayuden a mejorar el problema que se pretende atacar.
Mientras tanto, el servicio municipal de recolección, transporte y procesamiento de todos los residuos urbanos sigue siendo malo e ineficiente, lo que debilita esta idea antes de su eventual implementación.
Necesitamos un cambio amplio de conductas y procedimientos. Desde luego que hay que apoyar todo lo que contribuya en esa dirección, pero no debemos conformarnos con pequeños parchecitos.
