Héctor Malarín, ExJefe de la división de desarrollo rural del BID
Gestión, 2 de enero de 2017
Escuchaba la presentación que hizo el exministro de Economía, Luis Carranza, en la última versión de la CADE, y concuerdo totalmente con su afirmación de que la agricultura es clave para continuar mejorando el bienestar fuera de Lima. En su columna “La revolución verde”, él destaca que el silencioso crecimiento de la productividad del sector en las últimas décadas explica la mejora de los ingresos rurales. Según Ifpri y el BID, la productividad total de factores de nuestra agricultura pasó del estancamiento entre 1960 y 1990, a crecer al 2.5% promedio anual entre 1990 y el 2013, una de las más altas de América Latina (AL).
Está documentado que el giro hacia políticas públicas agropecuarias que eliminaron el uso de instrumentos que la OCDE denomina apoyos a productores vía precios (transferencias de consumidores a productores) y se concentraron en una provisión sostenida de bienes públicos dirigidos al campo (infraestructura rural y servicios agropecuarios) creó el punto de quiebre para el despegue de la productividad del campo. Aplicando una metodología de la OCDE, el BID estimó que en el 2013 ya 86% del gasto público al agro estaba siendo asignado a dichos bienes. Dada su efectividad en productividad, mantener al menos dicho porcentaje debería ser política sectorial de Estado a futuro si queremos cerrar brechas que aun tenemos con otros paí- ses de AL y la OCDE.
Al mismo tiempo, dicho gasto debería tener un foco geográfico en sierra y selva para lograr impactos más homogéneos en reducción de pobreza rural entre regiones.
Así, culminar la titulación de tierras para brindarles derechos de propiedad claros y seguros a 64% de productores en sierra y 25% en selva (versus 11% en costa, Cenagro 2012) que no los tienen, mejorar las condiciones del 74% de caminos rurales en sierra y 81% en selva que no lo están (60% en costa, Enapres 2012), regar 60% de las tierras agrícolas de la sierra sin acceso hídrico (40% en costa, Cenagro 2012) y abrir más mercados vía una mejor inocuidad de nuestros productos, manteniendo los actuales esfuerzos en vigilancia sanitaria y erradicación de plagas y enfermedades; sin duda, mejorarán la productividad del agro. Similar efecto tendrá implementar un sistema moderno de información agraria que logre llevar oportunamente datos relevantes para la toma de decisiones al 90% de agricultores sin acceso a éstos.
En el caso de la investigación y generación de nuevas tecnologías agropecuarias, su aporte a la productividad será limitado si no se buscan alternativas para reemplazar la deficiente capacidad del INIA para innovar comparada con sus pares en AL (89% de su personal está dedicado a labores administrativas).
Preocupación particular debiera generar el remanente del gasto público que no está dirigido a bienes públicos (llamadas apoyos directos a productores, según la OCDE). Actualmente, este incluye numerosos programas en el Perú para transferir tecnología, dar capacitación o asistencia técnica, o entregar insumos, y de los cuales se desconoce su impacto en la productividad del campo o rentabilidad social, y podrían estar creando distorsiones indeseadas entre rubros. Existen experiencias internacionales de apoyos directos cuyos datos demuestran que son más efectivas que inclusive Sierra Productiva y que podrían ser replicables en el Perú. Eso sí, todo programa de apoyo directo debe sujetarse a evaluaciones rigurosas que permitan continuarlos solo si tienen impactos positivos en productividad y pobreza rural.
De igual forma, Agrobanco y los seguros agrarios públicos deben someterse a evaluaciones similares, mientras que la consideración de exenciones tributarias al sector debe justifi carse con análisis costobenefi cio.
Solo proveer más infraestructura rural y servicios agropecuarios de calidad bien focalizados, reducir y condicionar los apoyos directos a productores a una efectividad demostrada, y no restablecer apoyos vía precios, tal como lo recomienda la OCDE, dará alas a nuestro agro.
