Guillermo Velaochaga
El Comercio, D1, 4 de agosto del 2025
“Las ciudades deben priorizar el desarrollo formal de sus redes de agua potable para tener acceso digno y eficiente a este servicio”, escribe Guillermo Velaochaga, CEO de Los Portales.
En las ciudades existen realidades que afectan la calidad de vida y que, aunque no deberían ocurrir, se han vuelto tan frecuentes que las hemos asumido como algo habitual, lo que resulta profundamente alarmante. Un claro ejemplo es: ¿cuánto puede pagar una familia por tener acceso al agua potable?
En un asentamiento humano informal, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, se paga S/ 5 por cada cilindro* de agua potable (cada cilindro tiene capacidad aproximada de 200 litros). Por otro lado, una familia de cinco miembros que reside en este asentamiento —conformado por padre, madre y tres hijos en edad escolar— deben hacer rendir un solo cilindro de agua para cubrir su aseo personal, la preparación de alimentos y el uso de los servicios higiénicos. Cada litro se calcula con angustia, se reparte con resignación y, lo que debería ser un derecho básico, se convierte en una lucha diaria por sobrevivir con esta cantidad de agua.
En contraste, una vivienda edificada en una urbanización formal, ubicada en el distrito de Carabayllo, por la misma cantidad de agua paga S/ 0,56, es decir, la familia que vive en un asentamiento informal paga casi 900% más.
Estos casos nos muestran una clara diferencia: la familia que vive en una urbanización informal termina pagando hasta nueve veces más por el mismo recurso, comparado con una que vive en una urbanización formal y planificada. No por consumir más ni por derrocharlo, sino solo por vivir en una urbanización informal o una urbanización producto de una invasión, lamentablemente se paga más por menos. Este no es un problema marginal, sino es un síntoma estructural de una ciudad fallida.
Las ciudades deben priorizar el desarrollo formal, donde se tenga acceso digno y eficiente al agua potable a través de redes públicas, alimentadas por obras de ingeniería desarrolladas con anticipación. No es aceptable que el abastecimiento dependa de camiones cisterna o del llenado de bidones, prácticas que afectan especialmente a quienes menos tienen. En una urbanización formal, planificada, los servicios básicos no son un privilegio, sino un derecho garantizado para todos.
El estudio “Economía del Agua” de GRADE lo resume bien: en el Perú, la vivienda edificada en una urbanización informal paga más por servicios deficientes, y el caso del agua lo ilustra con claridad. Se trata de una situación que debe cambiar con urgencia, pues –de lo contrario– solo se acentúan brechas existentes durante décadas.
Hoy, el reto no es técnico. Es ético y de planificación urbana. Si en San Juan de Lurigancho un inmueble edificado en un asentamiento informal paga S/ 5 por cilindro de agua, mientras que en Carabayllo una vivienda edificada en una urbanización formal paga S/ 0,56, no es por falta de soluciones, sino porque aún no hemos tomado las decisiones correctas.
Por eso, es fundamental que se prioricen soluciones realistas para resolver la problemática del agua en el país.
Preguntémonos: ¿quién hace ciudad formal? ¿puede el Estado enfrentar este reto solo? La respuesta es no. El Estado no puede hacerlo solo. Necesita apoyarse en las entidades privadas, para acelerar soluciones reales a corto y mediano plazo, y evitar que esta crisis siga afectando a quienes menos tienen.
La agenda política de cara a la próxima campaña electoral debe poner los reflectores sobre la problemática del agua. Este tema debe ser prioritario y concretarse en acciones. Planifiquemos el desarrollo sostenible de las ciudades. Es momento de actuar.
