Entrevista a Guido Valdivia, Director de CAPECO
Expreso, 25 de octubre del 2024
Carlos Palacios
Director de CAPECO lamenta que la extorsión y el sicariato tiene en vilo al sector por más de 20 años. Cuestiona la alta rotación de ministros del Interior en los últimos años.
CAPECO participó hoy en una marcha en protesta contra la inseguridad ciudadana que afecta su sector. ¿Cuáles son sus conclusiones?
Desde hace varios años, CAPECO ha presentado propuestas concretas para combatir la violencia en el sector de la construcción. Como recordará, desde diciembre del año pasado hemos organizado diversas marchas en conjunto con la Federación de Trabajadores, así como con otros gremios empresariales y laborales. La manifestación de hoy busca instar al gobierno a coordinar esfuerzos entre los gremios empresariales, los sindicatos y las instituciones encargadas de combatir la inseguridad en las obras y el tráfico de tierras. Este problema de inseguridad lleva más de 20 años afectando a nuestro sector, y percibimos una falta de proactividad por parte del Estado en su conjunto.
Esperamos que tanto el gobierno como el Congreso, junto con las demás instituciones responsables de la justicia y la persecución del delito, decidan trabajar de manera conjunta para erradicar esta lacra social.
Hoy, en la manifestación, representantes de los sindicatos de construcción pedían la renuncia y vacancia de la presidenta Boluarte. ¿CAPECO apoya este pedido?
Nuestra institución tiene una agenda consensuada de 10 puntos con los gremios laborales, y esa es la agenda que defendemos. Este tema (de la vacancia) no está incluido en esa agenda. Debemos enfocarnos en lo que hemos acordado, que es abordar la inseguridad ciudadana, un problema que nos afecta profundamente. Nos preocupa la falta de coordinación entre la Policía Nacional, la Fiscalía, el Poder Judicial y el INPE. Si existen discrepancias entre estas instituciones, deben resolverse, ya que ello nos debilita en la lucha contra las bandas delictivas. Reitero, nuestra única agenda es la que hemos consensuado y no incluye temas adicionales, (como el pedido de vacancia).
¿Cómo está afectando la Inseguridad ciudadana al sector de la construcción?
En primer lugar, lamentablemente, debemos mencionar la pérdida de vidas, tanto de trabajadores como de ingenieros. Este es, sin duda, el principal costo y el problema más urgente que debemos resolver. Entendemos claramente lo que está ocurriendo en otros sectores, ya que desde hace tiempo estas bandas delincuenciales recurren no solo al amedrentamiento, sino también al asesinato para obtener ganancias. Este es el primer y más grave aspecto. En segundo lugar, las empresas se ven obligadas a invertir en seguridad debido a la evidente incapacidad de la policía para controlar la situación. Salvo en contadas ocasiones en las que la División de la Policía especializada en el sector de la construcción ha funcionado adecuadamente, las fuerzas policiales en general.no han recibido el apoyo logístico, financiero ni técnico necesario para enfrentar este problema. Ante esta falta de capacidad estatal, se ha recurrido a la contratación de seguridad privada. Sin embargo, esto tampoco resulta suficiente, ya que la violencia y la influencia de estos sindicatos delictivos siguen siendo prevalentes. Otro efecto de esta situación es la sofisticación de los delitos, que se extienden más allá de la extorsión en obras de construcción hacia el tráfico de tierras. Este delito está estrechamente vinculado a estas bandas criminales, quienes son responsables de las invasiones y de facilitar los procesos de tráfico de tierras, especialmente tierras del Estado. De hecho, considero que esta actividad es, desafortunadamente, incluso más rentable para ellos que la extorsión en el sector de la construcción. Asimismo, en las zonas que controlan, estas organizaciones también realizan otras actividades delictivas, como la gestión de depósitos de materiales de construcción. Obligan, especialmente a las pequeñas empresas, a adquirir sus insumos en estos lugares. Quizá la consecuencia más grave y perjudicial de todo este panorama es que en determinadas regiones del país resulta extremadamente difícil llevar a cabo proyectos de construcción, lo que impide avanzar en la reducción de las brechas de infraestructura, sobre todo en áreas donde la pobreza es más pronunciada. Estos son los impactos que considero más relevantes.
Entiendo que menciona, y es completamente válido, que la principal pérdida son las vidas humanas, cuyo valor es incalculable. Sin embargo, desde una perspectiva económica, ¿cuántos millones pierde el sector de la construcción? ¿Cuánto deja de crecer el PBI de este sector?
La pérdida más significativa radica en la imposibilidad de ejecutar obras en todo el territorio nacional. Hay zonas del país donde no se puede instalar agua potable, no se puede construir sistemas de alcantarillado, no se pueden mejorar las vías de comunicación ni se puede llevar electricidad. ¿Cuánto vale esto? Es muy difícil medir con precisión ese impacto, pero sin duda supera con creces el costo de la inversión en seguridad. Algunos estudios realizados por el BID y la Universidad Católica estiman que el impacto económico directo de esta situación equivale al 2% del Producto Bruto Interno (PBI) del sector construcción, es decir, entre 1,000 y 1,200 millones de soles. Este no es el costo más elevado, pero sí un indicador importante. Invertir el 2% del valor de las obras o del PBI del sector en seguridad podría considerarse razonable. Sin embargo, este no es el principal problema.
¿Cuál es el mayor problema?
El mayor costo es difícil de cuantificar, pero está relacionado con las innumerables obras que no se pueden realizar en determinadas regiones del país debido a la imposibilidad de romper con estas mafias, que además suelen estar vinculadas a otras actividades ilícitas. Por ejemplo, en las zonas donde la minería informal predomina, el Estado no puede intervenir eficazmente. Esto crea un círculo vicioso, ya que la ausencia del Estado condena a las poblaciones a vivir bajo el control de estos delincuentes, que les ofrecen solo migajas. Esto también trae consigo otro riesgo, que denomino el «síndrome de Pablo Escobar». Escobar, a pesar de ser un hombre extremadamente violento, entendió que al llevar a cabo obras sociales, entre comillas, podía ganar el favor de la población, en lugar de mantenerla simplemente sometida, como ocurre en nuestro caso.
¿Cuál considera usted que es el principal motivo por el que la inseguridad ha capturado al sector de la construcción?
En un principio, el problema fue que durante muchos años, la policía consideraba esta situación como un simple conflicto entre dos sindicatos o grupos de trabajadores que peleaban violentamente por conseguir trabajo. Costó tiempo, tanto a la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) como a la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, convencer al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional de que se trataba de bandas organizadas, delincuentes disfrazados de trabajadores que atacaban al sector. Este fue el primer obstáculo.
Una vez que se comprendió la naturaleza del problema, en 2009 se creó la División de Protección de Obras Civiles, que llegó a contar con 200 efectivos. En ese momento, se cambió la estrategia y se entendió que no eran solo enfrentamientos laborales, sino que se trataba de bandas delictivas bien organizadas. Se adoptó un enfoque que incluía inteligencia, investigaciones previas, infiltración y la presencia de policías especializados dentro o cerca de las obras, como en las llamadas «obras francas». Este fue el mejor momento, que duró hasta aproximadamente 2013 ο 2014.
¿Pero luego esta división se desactivó?
Exacto, en una tercera etapa fue el desmantelamiento de la División de Protección de Obras Civiles. Aunque ya se comprendía que se trataba de bandas delincuencia les, se ignoró el hecho de que estas ya estaban involucradas en otros negocios, lo que las hizo aún más poderosas. Pasaron de amenazar el sector construcción a controlar terrenos y promover urbanizaciones informales ante la mirada permisiva de las autoridades. Este proceso sofisticó el crimen y permitió su expansión, mientras que la policía no comprendió plenamente el alcance de esta diversificación. A medida que las actividades ilícitas dejaban más rastros, surgió la necesidad de involucrar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para seguir la ruta del dinero y detectar a los verdaderos promotores del tráfico de tierras. Sin embargo, esto se hizo evidente demasiado tarde, como lo demostró el caso Orellana, donde incluso estaban involucrados gobiernos regionales y autoridades locales.
Lamentablemente, la modernización de la policía tampoco se llevó a cabo a tiempo. Aunque en 2015 se promovió una ley, con la participación de Capeco y los trabajadores, para invertir en tecnología e interoperabilidad de los sistemas de información del Estado, nunca se implementó. Esta ley tenía como objetivo facilitar que la policía accediera a bases de datos, como las del RENIEC, para verificar la autenticidad de documentos o identificar la falsificación de registros sindicales. A pesar de esto, la ley de 2016, que establecía estos procedimientos, nunca se cumplió. Con el paso del tiempo, hemos experimentado periodos de incomprensión, avances y retrocesos. Cuando finalmente se retomaron los esfuerzos, ya era demasiado tarde; la delincuencia se había extendido de manera considerable. Además, la policía comenzó a enfrentar problemas logísticos y de inversión, agravados por la continua rotación de ministros del Interior.
Ese es otro problema, la alta rotación de ministros del Interior….
Si. En los últimos cuatro años, la cantidad de ministros que ha cambiado es sorprendente. No es posible establecer una estrategia eficaz si, cuando se logra coordinar con un ministro, este es reemplazado poco después. Finalmente, debo señalar que, aunque existen malos elementos dentro de la policía vinculados a estas mafias (lo que facilita, por ejemplo, la invasión de tierras). también hay efectivos muy competentes, que han realizado trabajos académicos e investigaciones de alta calidad y que poseen un profundo conocimiento de estos problemas.
¿Usted coincide con que la inseguridad ciudadana se ha desbordado o cree que solo es una sensación?
Lo que sucede es que se ha producido una confluencia de diversas actividades criminales que se encuentran distribuidas a lo largo del territorio. La minería ilegal, que en realidad es más precisa calificarla como minería criminal, ha generado pérdidas mayores que las del narcotráfico. Muchos podrían argumentar que este problema está focalizado en zonas específicas como La Pampa o Pataz, pero esa percepción es incorrecta. El oro extraído de manera ilegal debe ser procesado, y este procesamiento se lleva a cabo en plantas semiformales que, aunque conocen el origen ilícito del mineral, contribuyen a su blanqueo. Este proceso ocurre en las ciudades, lo que genera redes criminales con un alcance territorial significativo. Un claro ejemplo es Trujillo, donde los problemas de delincuencia están estrechamente ligados a actividades como la minería ilegal, la cual, además, es una de las principales fuentes de financiamiento para los extorsionadores.
¿Cuánta responsabilidad le atribuye al gobierno por la situación actual de la extorsión, que parece haberse desbordado?
Lo que se puede señalar respecto al gobierno actual es que la rotación constante de ministros y los frecuentes cambios en la dirección de la Policía Nacional han sido mucho más comunes que en administraciones anteriores. Este es un primer aspecto. El segundo punto, que resulta difícil de comprender, es el enfrentamiento entre los cuerpos de seguridad y la Fiscalía. Esta confrontación se ha intensificado de manera preocupante en los últimos años. Si bien siempre han existido tensiones entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, en los últimos dos años esta disputa ha alcanzado un nivel muy peligroso. Considerar que la Fiscalía es el «enemigo» de la Policía es un planteamiento sumamente delicado, y personalmente, no lo compartiría. Tampoco creo que se trate de dos instituciones enfrentadas por naturaleza. Es evidente que existen discrepancias por múltiples razones, pero si permanecen divididos, no lograremos resolver ni los problemas más básicos.
¿Qué consecuencias podría tener si no se detiene esta ola delincuencial?
Si no se detiene esta ola delincuencial, el problema dejaría de ser exclusivamente sectorial. Podríamos enfrentarnos a una situación similar a la de Haití, donde las bandas criminales operan al mismo nivel que las fuerzas policiales, al punto de que se ha tenido que recurrir a fuerzas policiales extranjeras para intentar controlar la situación. Esto es algo que podría suceder en Perú, al menos en ciertas regiones, y sería devastador para nuestro país. No obstante, mantenemos la confianza, ya que se realizan reuniones frecuentes con las autoridades y se han establecido mesas de trabajo para abordar este tema. Existe la expectativa de que se implementen los cambios necesarios para revertir esta situación. Los empresarios, por su parte, han propuesto realizar inversiones a través del mecanismo de obras por im puestos, lo que podría representar una vía de solución. Sin embargo, el problema de fondo radica en la crisis política y el enfrentamiento entre instituciones, lo cual es letal para la lucha contra estas bandas criminales.
