Guido Valdivia, Director ejecutivo de Capeco
El Comercio, 13 de junio de 2017
La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) comparte los objetivos del Decreto de Urgencia 003-2017 (que asegura la continuidad de proyectos de inversión para la prestación de servicios públicos y cautela el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción) y del proyecto de ley 1410 (que modifica el Decreto de Urgencia 003-2017), de proteger los intereses del Estado, asegurar la continuidad de las obras públicas como de las alianzas público-privadas y evitar la ruptura de la cadena de pago que podría afectar a trabajadores, proveedores y subcontratistas.
Sin embargo, estos propósitos no se cumplirán si es que –como se propone en la versión del proyecto de ley hasta ahora vigente– se considera como “vinculada” a una empresa por el solo hecho de haberse consorciado con otra que ha sido condenada o ha confesado un delito contra la administración pública o de lavado de activos. Este planteamiento vulnera derechos constitucionales como el de la presunción de inocencia, la libre contratación y se afecta la seguridad jurídica de la institución del contrato de consorcio.
El proyecto de ley no solo perjudica a empresas no condenadas con la retención de sus márgenes de ganancia, sino que también afecta gravemente su posición ante el sistema financiero, lo que encarece su acceso al crédito, poniendo en riesgo injustificadamente su permanencia en el mercado y el cumplimiento de las obligaciones asumidas en otras obras contratadas con el Estado y con entidades privadas.
Capeco ha estimado preliminarmente que, en relación con los casos actualmente en investigación por el escándalo Lava Jato, se afectaría a empresas nacionales que gestionan 255 proyectos a nivel nacional, emplean a casi 40 mil trabajadores y que solo en lo que va del año han efectuado compras a más de 10 mil proveedores por aproximadamente 1.500 millones de soles.
Como las restricciones establecidas en el decreto de urgencia y el proyecto de ley no se limitan únicamente a Lava Jato, sino que se extienden a todas las contrataciones de obra en donde se haya condenado –o eventualmente se condene– a alguna empresa contratista, el daño económico y social puede alcanzar a toda la industria de la construcción, que viene de dos años consecutivos de caída.
Además de los cuestionamientos constitucionales y legales al proyecto de ley, que muy probablemente impulsará a las empresas perjudicadas a impugnarlos en el ámbito judicial, este propone crear una serie de trámites administrativos que involucran a entidades no necesariamente familiarizadas con la obra pública como el Ministerio de Justicia, los Registros Públicos y el Registro Central de Valores y Liquidaciones. Esto generaría más dificultades y demoras en la aplicación de las ya complicadas normas vigentes de contratación pública.
Es importante resaltar que tanto Capeco como la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú solicitaron públicamente la conformación de una mesa de trabajo para discutir alternativas que corrijan estos excesos del proyecto de ley. Afortunadamente, este pedido fue recogido por el presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres, debiendo destacarse su posición abierta al diálogo y a la búsqueda de consenso. Confiamos en que se podrá encontrar un texto que permita cumplir eficientemente las finalidades de la norma y respetando el ordenamiento jurídico vigente.
