Por: Gonzalo Tamayo, Socio de Macroconsult
Gestión, 17 de octubre de 2018
Walter Aduviri es el gobernador virtualmente electo de Puno. Para el desarrollo de la minería formal en Puno y en el sur del país sus antecedentes indican que podría ser una mala noticia. Por ello, es importante que defina su posición frente a la ejecución del proyecto minero Corani, promovido por la empresa canadiense Bear Creek, que está prácticamente listo para su inicio y que cuenta con amplio apoyo de las comunidades situadas en su área de influencia.
El inicio del mencionado proyecto, extrayendo principalmente mineral de plata, ayudará a consolidar y diversificar el reinicio de inversión minera en el país, acompañando a los anuncios recientes de los nuevos proyectos de Quellaveco y Mina Justa, que se concentran en cobre.
En el año 2011 Aduviri lideró un violento proceso de protestas en Puno contra la concesión del proyecto minero Santa Ana, promovido también por la empresa Bear Creek, generando una alteración sustancial del orden en dicha región con pérdida de seis vidas, la destrucción de locales de varias entidades públicas, una ola de violencia que paralizó esa zona por varios días con bloqueo de vías e invasión del aeropuerto de Juliaca por los manifestantes.
Esas protestas se iniciaron con una mezcla de ideología antiminera, usando además como pretexto el hecho que el proyecto se desarrollaba cerca de la frontera, desconociendo que estaba autorizado debidamente por un decreto supremo, de acuerdo con lo establecido en la Constitución para la inversión de extranjeros en dichas zonas. Pretextos adicionales estaban vinculados a la manipulación sobre la consulta previa y la relación del proyecto con las comunidades indígenas.
Como parte del proceso de restablecimiento del orden público, el Gobierno de Alan Garcia dispuso la derogatoria del DS que autorizaba la concesión minera dando origen a un proceso de arbitraje internacional en el Ciadi que el Perú perdió. El laudo estableció que el Perú había ejecutado un acto de expropiación indirecta al inversionista, disponiendo la obligación de una indemnización que el país ya pagó con recursos de todos nosotros.
Ya en años pasados se ha registrado el éxito de grupos antimineros e ideologías trasnochadas contra el desarrollo de nuevos proyectos mineros, sobre todo en Piura y Cajamarca. El proyecto Tía María está desplegando en los últimos meses una significativa reorientación en la forma cómo se relaciona con la población de su entorno, de manera paralela a un profundo cambio corporativo en la dirección del proyecto, que debería hacer viable su desarrollo.
La elección de un gobernador regional en Puno con estos antecedentes obliga doblemente al Gobierno central a apoyar directamente y de manera aún más explícita a Corani y a otros proyectos a través del MEF, MEM, el Fondo de Adelanto Social, el Gore Ejecutivo y otras instancias de relación del Ejecutivo con el gobierno regional, que canalizan recursos e inversión pública.
Puno espera recibir inversiones muy importantes del sector público en los próximos años en los temas de saneamiento y descontaminación de algunas cuencas y especialmente del Lago Titicaca, a través de la construcción de un buen número de plantas de tratamiento de aguas residuales. El proyecto Corani complementará la inversión pública con cerca de US$ 700 millones de inversión privada y representa un nuevo proyecto de inversión minera formal que espera desarrollarse en la zona luego de muchos años.
