Por: Gonzalo Ruiz Díaz, Economista Asociado -Macroconsult
Gestión, 21 de octubre de 2020
Según el Minedu, de un total de 66.5 mil colegios de educación básica regular (inicial, primaria y secundaria) en el Perú, 13.6 mil son privados (20%). Durante la pandemia, los colegios privados se han visto duramente golpeados debido a los altos niveles de morosidad -entre 70% y 80%, según la Asociación Nacional de Promotores de Instituciones Educativas Privadas (Anpiep) -, en un contexto en el cual muchos de ellos han enfrentado dificultades para adaptar su oferta educativa al formato virtual.
Como contrapartida, los padres de familia han venido reclamando que los cobros por los servicios educativos que prestan los colegios no guardan relación con la calidad ofrecida y que esta no es comparable a la brindada bajo el formato presencial.
Si bien un grupo menor de colegios ha podido acogerse a programas como Reactiva, un gran número de estos enfrenta serios problemas financieros. Según la Asociación de Colegios Privados de Lima (Acopril), a la fecha existirían 2, 000 colegios privados cerrados, pudiendo esta cifra crecer a 5,000 hacia finales de año.
El deterioro de la oferta de colegios privados y los problemas financieros que enfrentan las familias han motivado que unos 125 mil padres de familia soliciten al Ministerio de Educación el traslado de sus hijos a colegios públicos. Si bien este número representa el 6% de la matrícula en colegios privados, es probable que esta cifra se duplique según Acopril. Asimismo, es muy probable que la reducción de la oferta educativa privada no sea reversible en el corto plazo, razón por la cual el Minedu deberá estar preparado durante el año 2021 para absorber esta mayor demanda de educación básica.
Precisamente, el presupuesto formulado por el Ejecutivo para el Minedu, que será 4.5% superior al de 2020, destina mayores recursos a la ampliación de matrícula en educación básica y superior, entre otros rubros. Estos incrementos representan un esfuerzo fiscal importante, teniendo en cuenta que, según el Banco Mundial, en la mayoría de los países en desarrollo la crisis obligará a reducir el crecimiento presupuestal proyectado en este sector.
El procedimiento establecido por el Minedu ha consistido, primero, en la determinación del número de vacantes con que cuenta el sistema público, y posteriormente, en el procesamiento de las solicitudes de traslado, procurando ubicar al alumno en un colegio cercano a su domicilio. Sin embargo, podrían evaluarse mecanismos alternativos que den a los padres de familia la posibilidad de decidir en qué centro educativo colocar a su hijo.
Un programa de vouchers como los aplicados en otros países permitiría asignar los recursos públicos que actualmente destina el Estado para atender estas solicitudes de traslado, no solo a entidades públicas, sino a otras entidades educativas privadas. El programa funcionaría para las entidades públicas y sería voluntario para las privadas, estando condicionado a la disponibilidad de plazas y a la elaboración previa de un set de indicadores mínimos de calidad, que permita a los padres de familia adoptar decisiones informadas.
