Tras veinte años de regulación de servicios públicos operados y mantenidos por privados, reflexionemos sobre la experiencia acumulada y el estado actual de cosas, considerando que el país, los mercados regulados, y los consumidores han cambiado, y que los cambios tecnológicos ocurren a cada vez mayor velocidad.
En estos años se ha desarrollado una cultura dentro de los organismos reguladores (OORR). Desafortunadamente es una cultura punitiva sancionadora, basada en el supuesto que el regulador se debe exclusivamente a los usuarios, y su rol consiste en defender a los consumidores de abusos de los proveedores del servicio.
Las normas se prepublican, generalmente para cumplir el trámite. Los temas regulatorios están tan politizados en los distintos sectores, que difícilmente se llega a introducir cambios solicitados por los operadores. Ejemplo, el 16 de diciembre pasado OSIPTEL publicó el Proyecto General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones otorgando solo 15 días calendario para comentarios –plazo que por la relevancia y alto impacto de la norma, y por tratarse de las semanas de Navidad y Año Nuevo, resultaba extremadamente irrazonable.
La proporcionalidad y la razonabilidad no parecen figurar entre los criterios de los reguladores al formular o reglamentar normas sancionadoras. Ejemplo, una operadora de telefonía pública fija rural fue multada recientemente con 5 millones de soles por discontinuidad del servicio en teléfonos que generan unos pocos cientos de soles en llamadas al mes. Cada vez más gente tiene celulares y dejan de usar el teléfono en la bodeguita del poblado. Si el bodeguero deja de atender, la operadora es multada.
Un país donde los servicios a cargo del sector privado están sobre regulados, trae como consecuencias el decaimiento de las inversiones de los operadores, y de la calidad del servicio en perjuicio de los consumidores. La sobre regulación puede llegar a desalentar a los nuevos inversionistas.
Los OORR debieran priorizar su apoyo a la eliminación de trabas, no enfocarse en multar por fallas derivadas de las trabas. Se ha dejado de invertir unos 2200 millones de dólares, en la instalación de las 14,000 antenas de telecom que componen el déficit actual para atender las necesidades a nivel nacional. Se multa a los operadores por fallas de calidad y no se actúa respecto a las municipalidades que no autorizan la instalación de antenas o llegan a desmontarlas. Desmontar una antena de telefonía móvil es tan dañino para la población como bloquear una carretera o interrumpir una línea de transmisión eléctrica. Cuando se restringe el acceso a la infraestructura de servicios públicos se transgreden los derechos básicos de la población y se resta competitividad al país.
Al ayudar a enfrentar y superar las trabas a la inversión, los OORR estarían haciendo un aporte a favor de los no-usuarios. Ayudando a cerrar las brechas para atender a los más necesitados.
Existe una sobrecarga de propuestas regulatorias. Las normas propuestas no tienen en cuenta, por ejemplo, las dificultades para el despliegue de infraestructura. Los OORR deben velar por el adecuado funcionamiento del mercado, y asumir un rol más activo para contribuir a destrabar las actividades que regulan.
Cuanto más punitiva sea la conducta de los OORR menos avanzará la cobertura de servicios. Los OORR podrían modernizarse y asumir, además de su rol sancionador, un rol disuasivo y preventivo, así como de fomento de las nuevas inversiones necesarias para mantener los servicios y ampliarlos. Ojalá que sepan encontrar un balance de roles correcto, un nuevo equilibrio.
