El siguiente artículo de Gabriel Quijandría, Viceministro del Ministerio de Medio Ambiente, nos parece muy interesante porque pone en la agenda la posibilidad del Perú de convertirse en un país forestal a partir de la acción del Estado y las comunidades de la Amazonía. Sin embargo queda pendiente la pregunta sobre el papel de la inversión privada. Creemos que el uso económico de los bosques del país y la recuperación de las áreas deforestadas tiene en los inversionistas a uno de los actores principales. Lampadia.
(El Comercio, 13 de noviembre de 2013)
Muchas veces se debate sobre el carácter productivo del país. Se dice que somos un país minero o que somos un país agrario. Lo cierto es que también podemos ser un país forestal. Más del 54% de la extensión de todo el Perú está cubierta por bosques. Esto equivale a más de 70 millones de hectáreas, por lo cual somos superados en Latinoamérica solo por Brasil. Sin embargo, pese a este potencial, difícilmente podemos denominarnos un país forestal. El aporte del sector no llega al 1% del PBI nacional. Mientras tanto, las poblaciones vinculadas al bosque, como los nativos y los colonos, siguen mostrando bajísimos niveles de calidad de vida.
¿Por qué no se reconoce, además del valor ecológico, el valor económico del bosque? Varias son las razones: se ha privilegiado el avance de la frontera agrícola, la expansión de actividades ilegales como la producción de hoja de coca, la minería aluvial de oro o la tala de madera y la construcción de carreteras sin el acompañamiento de procesos de planificación del uso del espacio y los recursos naturales. Por otro lado, existe aún un limitado conocimiento institucional y de capacidades en actores públicos y privados sobre el potencial de los bosques.
Este escenario puede cambiar. El gobierno, a través del Ministerio del Ambiente, está promoviendo un proceso inédito en nuestro país para convertir a los bosques en una oportunidad de desarrollo e inclusión. Por primera vez, el Estado, representado por cuatro ministerios (Agricultura y Riego, Ambiente, Cultura y Economía y Finanzas), trabajará con las organizaciones indígenas más representativas (Consejo Interregional Amazónico, Aidesep y Conap) para formular una propuesta que establezca un modelo de aprovechamiento sostenible de los bosques a través del Programa de Inversión Forestal del Perú (PIF).
Esta innovadora propuesta ya logró que el Fondo de Inversión Climática (CIF) aprobara recursos por US$50 millones para cofinanciar el programa, un paquete de cuatro proyectos de inversión orientados a impulsar la conservación, promover el adecuado manejo de bosques y revertir los procesos de deforestación en tres áreas críticas: el eje Tarapoto-Yurimaguas, Atalaya y el eje Puerto Maldonado-Iñapari y la Reserva Comunal Amarakaeri.
Al PIF le tocará enfrentar retos históricos como el saneamiento legal y la titulación de tierras, la asignación de derechos sobre patrimonio forestal, la mejora de cadenas de valor agrícolas y forestales, el desarrollo de mecanismos de financiamiento para conservación y aprovechamiento de bienes y servicios provenientes del bosque, y la mejora de la infraestructura y equipamiento de control forestal. A escala nacional, permitirá mejorar el monitoreo del cambio de uso de tierra y la deforestación y los mecanismos de coordinación interna del Estado, así como la interacción con actores privados, sociedad civil y organizaciones indígenas.
La decisión del Perú de asumir, en diciembre del 2014, la organización de la 20 Conferencia del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático nos pone ante los ojos del mundo, un mundo que busca soluciones para enfrentar el reto más grande en la historia de la humanidad. Iniciativas innovadoras y ambiciosas como el PIF pueden convertirnos un referente global en la lucha contra el cambio climático, y servir al mismo tiempo para sostener nuestro crecimiento económico y avanzar en inclusión social. Depende de nosotros.
Publicado en El Comercio, 13 de noviembre de 2013
