Gabriel Amaro. presidente de la AGAP
Gestión, 13 de marzo del 2025
Si bien la ley de promoción agraria no fue el único factor que impulsó el desarrollo del sector, sí fue un factor fundamental y disruptivo para lograrlo.
Según el INEI, el sector ha perdido más del 10% de formalidad en cuatro años. Mientras otros países lo promueven por su carácter estratégico y esencial, en Perú se le castigó».
Escribo este artículo en un momento clave para el país. Luego de lo que vivimos los peruanos los últimos ocho años, el 2025 es crítico por la compleja situación que enfrentamos en Perú y el mundo. Estamos entre quedarnos rezagados o dar el salto hacia un nuevo período de crecimiento económico y desarrollo social. Dependerá de las decisiones que tomen el Gobierno y el Congreso en lo que resta de este período.
Uno de los grandes desafíos se presenta en el sector agrario. En general hay mucho desconocimiento de la actividad y, peor aún, ataques a la agroexportación y a la empresa privada, tal como sucede con la minería. No entendemos esa fijación autodestructiva de algunos. Quizás quieren pobreza en el campo para influenciar ideológica o políticamente a los millones de peruanos que conforman la PEA ocupada más importante del país. Otros opinan a pesar de su total desconocimiento del sector y a quienes invitamos a que lo conozcan un poco más.
Los países que atraen inversión ofrecen seguridad jurídica y un ambiente competitivo. Perú perdió mucho de eso en el 2020, cuando el Gobierno de Francisco Sagasti y el Congreso, presidido por Mirtha Vásquez, derogaron la ley de promoción agraria y la reemplazaron por la Ley 31110. Se sometió a productores y empresas a cambios abruptos, violentando el marco jurídico sin sustento técnico, por ideologías y populismo, distorsionando el ecosistema competitivo del agro. Según el INEI, el sector ha perdido más del 10% de formalidad en cuatro años, retrocediendo casi dos décadas. Mientras otros países lo promueven por su carácter estratégico y esencial, en Perú se le castigó.
Si bien la ley de promoción agraria no fue el único factor que impulsó el desarrollo del sector, sí fue un factor fundamental y disruptivo para lograrlo. Hoy, tras años de retroceso, el Gobierno y el Congreso buscan recuperar el camino perdido por el bien del país.
La derogada ley se adaptó al sector y no al revés, convirtiéndose en la mejor política pública agraria y el mejor programa social del país en décadas. Mejoró variables sociales y económicas que, en conjunto, ninguna otra ley ha logrado y en las zonas rurales. Las evidencias son claras: generación de empleo rural formal (+1 millón), miles de millones en sueldos y salarios donde antes no había empleo, inclusión de la mujer rural en el empleo formal (+50%), reducción de la pobreza rural (de 81% al 30%), agro como segundo sector exportador tras la minería (+US$ 100 mil millones en divisas), crecimiento de la industria y comercio de soporte, pleno empleo en varias regiones, incorporación de la pequeña agricultura a la agroexportación, aumento de la recaudación tributaria donde antes no existía, atracción de miles de millones de dólares en inversión privada, entre otros. No se trata solo de cuánto «aparentemente» se deja de percibir en impuestos, sino del impacto positivo y superior sostenido que se genera para los objetivos económicos y sociales del país. Cambiemos el chip.
El proyecto de la nueva Ley Agraria del Congreso, resultado de proyectos de diversas bancadas, no modifica el régimen laboral agrario, pero sí establece condiciones adecuadas para la promoción de inversiones de todo tamaño, algo que el país necesita con urgencia. Además, integra al pequeño productor a la agricultura moderna con medidas como formalización de la propiedad, financiamiento, compras del Estado, asociatividad, etc. Elementos que estructuran una ley más completa y adecuada para desarrollar un agro competitivo.
En un país con poco más de 3% de crecimiento, 80% de informalidad, sectores ilegales que avanzan más rápido que la economía, altas tasas de desempleo y subempleo, inseguridad y un agro mayormente de subsistencia, pensar que el sector saldrá adelante solo con políticas públicas tradicionales es condenarlo a la pobreza y reducir la agricultura moderna hasta desaparecerla, afectando la sostenibilidad del país.
Hoy el Perú nos necesita. Dejemos las ideologías y dogmatismos inútiles que solo generan confrontación y pobreza. Tenemos la oportunidad de devolverle el dinamismo al sector agrario y sacar de la pobreza a millones de peruanos. La responsabilidad de la nueva ley recae en el Congreso y el Gobierno, quienes ya se pronunciaron a favor de su aprobación. Ahora se debe tomar acción y trabajar unidos por un mejor futuro para todos.
