Visité Buenos Aires (BsAs) después de diez años para recibir el 2014, y recibí también algunas impresiones impactantes. 1) Un mercado cambiario ilegal muy dinámico y desarrollado, y 2) los cortes eléctricos que han llevado a la capital al estado de emergencia. Ambas situaciones se explican por políticas públicas intervencionistas. Los peruanos debemos tomar nota. Buenos Aires, malos tiempos
1) En Argentina, el tipo de cambio formal es de 6.52 pesos por dólar. El Gobierno solo autoriza la compra de dólares a argentinos que viajan al extranjero, luego de que estos provean su número de identificación tributaria y los detalles de sus viajes y gastos planificados. Este control pretende prevenir compras y fugas de dólares y la desestabilización del peso.
Sin embargo, estos obstáculos conducen la demanda por dólares al cambio ilegal de 10 pesos. A pesar de resultar 50% más caro, los argentinos acuden masivamente a este mercado, que mueve entre US$ 10 millones y US$ 40 millones diariamente.
Por otro lado, la sobrevaloración artificial del peso formal resta competitividad a las exportaciones. Sumado a los controles de importación, esto explica la decisión de más de 20 empresas de abandonar Argentina en los últimos dos años. Entre estas destacan Vale, Elektra, Polo Ralph Lauren, Louis Vuitton, British Gas y Exxon.
2) Más chocante aún fue presenciar a BsAs como víctima de cortes de electricidad masivos. La demanda energética para combatir la ola de calor más intensa de los últimos cien años, dejó sin electricidad a hogares y servicios públicos. Los resultados han sido protestas, bloqueos de autopistas, incendios y muertes. Los medios y ciudadanos reparten culpas entre Gobierno y empresas concesionarias.
Para satisfacer la expansión de la demanda energética, que alcanzó los 20.606 megavatios, Edesur y Edenor debían invertir US$ 5,000 millones de anualmente. Sin embargo, desde el 2002, los costos aumentaron en 400% (gran parte de ello se explica por aumentos salariales), y la inflación anual ha promediado 25%. En este tiempo, el Gobierno no ha permitido incrementos proporcionales de las tarifas. Ello ha generado que Edenor, por ejemplo, opere con US$ 1,100 millones de pérdida en el 2013, y que, naturalmente, le sea difícil incrementar su inversión. El Gobierno busca sancionar a las empresas y amenaza con la estatización. Las empresas sostienen que deben renegociarse las tarifas inflexibles en los contratos de concesión en un contexto económico cambiante. La responsabilidad es compartida, pues los deficientes contratos fueron firmados por empresas y Estado.
No bombardeen Buenos Aires ni Lima. Lo cierto es que las políticas intervencionistas y controladoras han llevado a la ciudad de generación a degeneración, y la experiencia nos dice que la degeneración solo se agravará. En BsAs se siguen comprando dólares, aunque ahora ilegalmente, y las empresas eléctricas no se adaptan a escenarios no rentables, y optan por cesar su inversión.
En Lima, no dejan de acechar fantasmas del pasado: control de precios de medicamentos, e intervención en hidrocarburos y en medios de comunicación.
Las propuestas peruanas y argentinas mencionadas alejan a los agentes económicos de la optimización de sus objetivos en libertad. Ello divorcia la maximización del beneficio individual de la legalidad impuesta por el Estado y genera distorsiones nocivas.
Las consecuencias ya las ha sufrido nuestro país en carne propia. Esperemos no haber perdido la visión, además de la memoria. Miremos el daño que el intervencionismo le hace a Argentina y tomemos la lección.
Publicado en Gestión, 10 de enero de 2014
