La famosa cita que se le atribuye a Raimondi, al margen de si realmente fue del estudioso italiano, encaja como anillo al dedo para describir al Estado Peruano.
Así tenemos que cada vez que alguien se queja de la ineficiencia estatal –ya sea pasajeros que tuvieron que esperar dos horas haciendo cola en el aeropuerto, porque migraciones no tiene el número necesario de funcionarios, o aficionados mortificados por las continuas cancelaciones de partidos del descentralizado, debido a que no se dispone de suficientes policías para resguardarlos– la respuesta que siempre dan los encargados es que no cuentan con los recursos adecuados. Al final, en el sector público el llanto de miseria presupuestal es generalizado.
Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) se encuentra en la zona más cara del país, pese a que uno pensaría que debería estar localizado en Huancavelica o Apurímac, si realmente fuera cierto el objetivo de tener un ‘Estado que suba el cerro’ que ha planteado el mandatario.
En todo caso, el sector responsable de ayudar a los más pobres y necesitados está ubicado en el corazón financiero de San Isidro, donde el metro cuadrado puede llegar a costar 8 mil dólares. ¿Cuántos programas sociales se podrían financiar si venden ese local y la burocracia del Midis se traslada a un lugar más cercano a sus usuarios?
Luego está el Ministerio de Justicia, que ‘heredó’ de una empresa pública que quebró una enorme mansión –que, de seguro, el gobierno de Velasco confiscó–, y tiene toda una manzana en Miraflores a su disposición. Aquí, nuevamente, con el millonario valor de su sede la cartera responsable del manejo penitenciario podría construir un moderno penal para aliviar en algo el hacinamiento que sufren decenas de miles de presidiarios.
Estos son solo dos de los innumerables ejemplos que existen, a lo largo y ancho del Estado, de valiosos activos desperdiciados. Incluso para los que están a cargo no debe ser problema alguno la conveniente ubicación de sus actuales despachos; al contrario, seguro que están encantados. Más aun, nadie los debe estar presionando para rentabilizar los virtuales bancos de oro inmobiliarios en los cuales están cómodamente sentados.
En realidad, esto último se da porque el concepto de sacarle valor a los activos no forma parte del esquema mental del aparato estatal, que se basa en la simple fórmula de extraerles recursos a los ciudadanos –vía tributos– para luego gastar todo lo que ha recaudado. Para la burocracia es una herejía la sola idea de aliviar a los agobiados contribuyentes vendiendo algo.
Por ello, ahora que la bonanza fiscal está terminando y entraríamos a un período de vacas flacas, como han anunciado, se debe proteger a los pobres ciudadanos de recibir eventuales garrotazos tributarios generando nuevos recursos públicos rentabilizando los activos del Estado. Así se podrían vender propiedades que son desde todo punto de vista un lujo innecesario y darle valor social a los fondos que se obtengan construyendo cárceles, escuelas u hospitales. Mientras, los funcionarios involucrados podrían ser reubicados en las cercanías de Palacio –ahorrando considerable tiempo y dinero, ya que son frecuentemente convocados–. Al final de cuentas, para sellar formularios no se necesita estar sentado en 8 mil dólares el metro cuadrado.
Publicado en El Comercio, 20 de octubre de 2013
