El Comercio, 27 de mayo del 2025
Gladys Pereyra Colchado
Este año se han abierto 702 casos ante el Ministerio Público por minería ilegal y delitos conexos. Hay vacíos que excluyen diferentes eslabones de la ilícita actividad.
Un día después del hallazgo de los 13 cuerpos de trabajadores asesinados en Pataz, el gobierno de Dina Boluarte ordenó la inmediata exclusión de todas las personas naturales y jurídicas que tenían el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) suspendido en esa provincia de La Libertad, para evitar que se use como camuflaje de mineros ilegales. En solo una semana se habían revocado 1.425 inscripciones.
El fiscal superior Frank Almanza, coordinador nacional de las fiscalías especializadas en materia ambiental (FEMA), se pregunta por qué no se hizo lo mismo con los registros suspendidos de todo el país. Él asegura que hay al menos una decena de zonas críticas donde el avance de la minería ilegal amenaza con desencadenar niveles de violencia similares.
“Existen al menos 10 potenciales Pataz en el país. No están visibilizados porque no ha habido masacres como lo que se vivió en Pataz, pero tenemos minería ilegal crítica. […] No se les está dando la misma atención pese al riesgo”, dijo a El Comercio.
Esta advertencia incluye a Condorcanqui, provincia de Amazonas, donde la minería ilegal de oro amenaza al pueblo awajún, y solo en el 2024 se calculaba que todos los días cien toneladas de material extraído del Perú salía ilegalmente hacia Ecuador.
Otros puntos son: Ayabaca (Piura), Datem del Marañón (Loreto), Cotahuasi (Arequipa), La Pampa (Madre de Dios), Tambobamba (Apurímac), Puquio (Ayacucho) y Reserva Comunal del Sira (Ucayali), así como Áncash (Recuay, Carhuaz, Antonio de Raimondi, Huaraz) y Puno (Sandia, Carabaya).
En Madre de Dios, en enero pasado se hallaron cinco cadáveres en la zona conocida como Valle del Castigo, presuntamente usada por organizaciones criminales que brindan ‘seguridad’ a mineros ilegales de La Pampa.
El problema, según explicó Almanza, es que no existen recursos suficientes para que un equipo de fiscales ambientales realice interdicciones e intervenciones continuas. “Solo se accede a Condorcanqui por vía fluvial, pero no tenemos chalupas o deslizadores. Para movernos en selva necesitamos brújulas, GPS, linternas, ponchos, bolsas de dormir. Este año no se nos ha designado presupuesto para las fiscalías ambientales”, añadió.
A esto se suma que las fiscalías ambientales han detectado presencia de minería ilegal en al menos 18 áreas naturales protegidas por el Estado, en regiones como Arequipa, Amazonas, Ucayali, Lambayeque, La Libertad, Cusco, Áncash, Madre de Dios y Loreto. Algunas de estas son el área de Machu Picchu y el Parque Nacional Huascarán.
Otro ejemplo es la Reserva Paisajista de la Subcuenca del Cotahuasi, donde la FEMA de Arequipa realiza entre tres y cuatro interdicciones por año. “Una de las dificultades es el acceso a la zona, ya que la provincia de Cotahuasi queda a ocho horas de Arequipa y los campamentos mineros a cuatro o cinco horas más, a lo que hay que sumar la parte de caminata. Es una zona a 5.000 m.s.n.m. y el acceso es accidentado”, informó Almanza.
Aunque el experto denunció que las fiscalías ambientales no tienen presupuesto, no es solo una cuestión de dinero. Existen vacíos en la definición del tipo penal que excluyen a los diferentes eslabones que intervienen en el ilícito mercado. El artículo 307-A del Código Penal establece como delito de minería ilegal la actividad de exploración, extracción, explotación u otro acto similar de recursos minerales metálicos y no metálicos sin contar con la autorización o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente.
“Si traslado, guardo, escondo, comercializo y exporto el material extraído ilegalmente, no es minería ilegal. Cuando se les captura transportando en camiones el material con destino a las chancadoras, te dicen que la conducta es atípica [es decir, no se ajusta a ningún tipo penal]”, resaltó Almanza.
