Franco Giuffra, Empresario
El Comercio, 11 de agosto de 2016
En los últimos días de la administración Humala, el Ministerio de Salud (Minsa) trató de ponerse al día normativamente. Publicó para comentarios varios proyectos de reglamentos sobre medicinas, equipos médicos, alimentos y, dentro de ellos, la comida chatarra. Hay que revisarlos porque contienen bombas antiempresariales de alcance devastador.
Uno en particular es pésimo e intenta reglamentar el Decreto Legislativo 1222 que se emitió el año pasado como parte de los paquetes reactivadores. Esa norma sí era buena, porque eliminaba el ineficaz “registro sanitario”, un requisito que no servía sanitariamente para nada.
El proyecto de reglamento recoge esa eliminación, pero la sustituye por una colección de exigencias burocráticas peores.
Empieza por definir que su ámbito de aplicación son las empresas, de todo tamaño, que elaboran “alimentos industrializados”, un concepto que en ningún momento se define, y se extiende incluso a las empresas dedicadas a la comercialización y expendio de ellos. ¿Quiere decir que también los minimarkets y bodegas están comprendidos?
A las micro y pequeñas empresas que, por ejemplo, elaboran helados y yogures, se les impone la exigencia de implementar el plan HACCP, un estándar de elaboración de alimentos que es onerosísimo de establecer y complicadísimo de mantener. Esto las va a condenar a la informalidad desde el primer día.
Es impensable que una microempresa de Huamanga que fabrica marcianos de fruta pueda poner en práctica ese estándar y luego dedicar a todos sus dependientes a llenar los diversos registros y hacer los controles que HACCP demanda.
En el caso de la elaboración de productos de menor riesgo, se pide contar con Principios Generales de Higiene (PGH), algo ligeramente más realista.
En uno y otro caso, las empresas quedan obligadas a informar al Minsa cualquier modificación administrativa o técnica que realicen. Sea el cambio del gerente general, la compra de una nueva máquina o el uso de un nuevo empaque. Todo necesita trámite y aprobación.
Si usted hacía voladores y quiere hacer alfajores, tiene que pedir permiso, hacer una solicitud, describir el producto, hacer un diagrama del flujo de producción y un análisis de riesgos y de medidas preventivas. Y un pago, claro. Una locura.
Por supuesto, se elimina el registro sanitario pero se crean en su lugar el Código de Establecimiento, el Código de Almacén, el Código Sanitario de Alimento Nacional, el Código de Línea de Producción. Y si es importador, un Código Sanitario de Alimento Importado y un Código de Importador. Es decir, quitaron un trámite y pusieron quince, porque todo lo anterior requiere solicitud, sustento y pago de derechos.
Los requisitos de etiquetado aumentan también, disponiendo, por ejemplo, que los lotes de producción estén “grabados y marcados de forma indeleble”, algo que las pequeñas empresas hoy resuelven colocando un sticker porque no pueden tener una máquina más sofisticada.
Las trabas para la importación de alimentos se complican aun más en este proyecto. La información nutricional tiene que estar en español, por ejemplo, o la importación de una muestra sin valor comercial necesita trámite y aprobación previa. Como suele ocurrir con otras barreras paraarancelarias, se exigen también certificados sanitarios en formatos o con contenidos que son imposibles de obtener de las entidades del extranjero.
Todo lo cual y mucho más entraría en vigencia 60 días después de la promulgación eventual de este reglamento. Imposible, pues.
En fin, se trata de una norma tan mala, onerosa y burocrática que sería deseable que la nueva ministra de Salud inaugure con ella la trituradora de papeles de su nuevo despacho.
Lampadia
