Franco Giuffra, Empresario
El Comercio, 18 de agosto de 2016
La última ocurrencia del dictador Nicolás Maduro para enfrentar la falta de alimentos en su país es la geometría. Con ese recurso y mientras sus ministros por orden popular toman nota, ha explicado los siete vértices, los tres motores y las seis micromisiones involucradas en su nueva locura.
Se trata de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano y Seguro. Una formulación psicotrópica para supervisar, intervenir y modificar los sistemas productivos y de distribución de alimentos, medicinas y productos básicos en Venezuela. Para su implementación, Maduro ha puesto todos los ministerios y entidades públicas bajo el mando del ministro de Defensa.
Bastarían esta grave crisis humanitaria, el sinsentido de estas medidas remediales y la debacle institucional que entrañan, para suscitar un pronunciamiento crítico y una invocación urgente para que se ponga fin al infierno venezolano.
Pero la sensibilidad social de nuestro Frente Amplio es demasiado fina o sus prejuicios ideológicos demasiado elaborados para que puedan expresarse en el lenguaje desarreglado de los otros partidos presentes en el Congreso. No encuentran las palabras correctas, es lo que pasa.
Quizá pueda ayudarles el tenor de la carta que Human Rights Watch envió a la OEA en mayo pasado, señalando “la evidente violación del principio de la separación de poderes y de la independencia del Poder Judicial” en Venezuela. Y que ello “ha propiciado una variedad de graves abusos a los cuales no se les ha puesto ningún freno”.
Por lo cual “en múltiples oportunidades, las autoridades venezolanas han aprovechado la falta de independencia del sistema judicial para detener y procesar a importantes dirigentes políticos de oposición sobre la base de acusaciones sin sustento”. Concluyendo que “las violaciones de derechos humanos en Venezuela habitualmente quedan impunes”.
O tal vez puedan hacer un ‘copy and paste’ del último informe de Amnistía Internacional (AI) sobre Venezuela. El mismo que hace unos pocos meses reportaba que “continuaban las agresiones y la intimidación contra defensores de los derechos humanos y contra periodistas”. Y que, al mismo tiempo, “las personas que se oponían políticamente al gobierno afrontaron juicios sin garantías y encarcelamientos”.
También es de AI la advertencia de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y fuerzas de seguridad, una práctica saldada “con decenas de muertes, algunas de ellas en circunstancias que podían tratarse de homicidios ilegítimos”. Como lo es el señalamiento de que “la mayoría de responsables de violaciones contra los derechos humanos durante las protestas del 2014 no comparecieron ante la justicia”, mientras llama a Leopoldo López un “preso de conciencia”, condenado sin pruebas fehacientes, socavando así gravemente “el derecho del acusado a un juicio con las debidas garantías”.
Finalmente, si las palabras correctas le son esquivas, el Frente Amplio podría también hacer suyas las expresiones de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos ( WOLA , por sus siglas en inglés) para repetir que “la sentencia contra López es una demostración palpable de la voluntad del gobierno [venezolano] para criminalizar la oposición política”. Con ello, podría concluir con WOLA que “el uso del sistema legal para castigar a los oponentes políticos no tiene cabida en una democracia”.
No faltan, pues, razones ni expresiones para condenar al gobierno venezolano y al dictador Maduro. Con su conducta, el Frente Amplio demuestra que no tiene nada de moderno ni de democrático. Es la misma izquierda de siempre, anclada en el pasado y falsa en su “sensibilidad social”. Hay que enrostrarles los versos de Blanca Varela: pónganse un alma, si la encuentran.
Lampadia
