Franco Giuffra, Empresario
El Comercio, 5 de enero de 2016
Recién terminamos de contar las calorías de diciembre y ya nos enteramos de que vamos a necesitar todo el 2017 para digerir el bufet de decretos legislativos promulgados al amparo de las facultades extraordinarias. El plazo vence mañana y, para entonces, serán alrededor de 80 las normas publicadas, cada una de las cuales, a su vez, va a generar otros tantos reglamentos complementarios. Es seguramente el despliegue normativo más amplio y alterador de los últimos 20 años.
Un verdadero ‘game changer’, como dicen los gringos, que modifica reglas de juego en distintas dimensiones. El funcionamiento y responsabilidades de entidades públicas, la relación de los privados con el Estado, las condiciones para hacer diversos negocios y las reglas tributarias, entre otros alcances.
Siendo imposible a estas alturas juzgar el mérito de todas estas disposiciones, queda por lo menos clara la patética inercia del gobierno humalista que durante cinco años no produjo ni la décima parte de disposiciones normativas con el calibre y pretensión de este huaico ppkausa. No digo que todo lo promulgado recientemente sea bueno. Hay suficientes heterodoxias en la mesa como para atorar a cualquier defensor de la economía de mercado. Solo resalto que el gobierno haya tenido el coraje de poner tanta carne en la parrilla.
La línea temática que conecta buena parte de estos decretos es la simplificación administrativa. En un país en donde ciudadanos y empresas están ahogados por la ‘permisología’, esa pretensión desburocratizadora solo puede ser una buena noticia.
Uno de los componentes más audaces ha llegado casi imperceptiblemente en la forma de un artículo del Decreto Legislativo 1310, una norma que solo ha merecido atención porque también dispone el permiso indefinido para las lunas oscuras de los automóviles.
Se trata del Análisis de Calidad Regulatoria, una exigencia que se aplicará a todas las entidades del Poder Ejecutivo, las cuales deberán sustentar ante la PCM la utilidad, necesidad, costo-beneficio, efectividad, proporcionalidad de todas las disposiciones (excepto leyes y normas de similar jerarquía) que establezcan procedimientos administrativos.
Hablamos de un ejercicio de validación de la racionalidad de esas disposiciones que deberá cumplirse cada tres años, empezando por los procedimientos existentes, que deberán pasar por ese tamiz por primera vez antes de diciembre del 2018. Se necesitará la ratificación del Consejo de Ministros para que un trámite permanezca. Todas las nuevas normas de ese tipo deberán cumplir la misma exigencia antes de ser promulgadas y luego cada tres años también.
La potencia de este mecanismo estriba en que las disposiciones existentes que no cumplan con este requisito quedarán automáticamente derogadas y las nuevas no entrarán en vigencia. Los usuarios podrán denunciar también ante Indecopi a las entidades del Poder Ejecutivo que sigan exigiendo un trámite que no ha sido ratificado dentro del plazo de tres años establecido.
Hay mucho más detalle que deberá explicarse en un decreto supremo posterior, pero el remedio contra la incontinencia tramitológica ya está propuesto. Es una suerte de ‘sunset law’ para todos los trámites que no puedan pasar por un test de calidad cada tres años.
Por supuesto, es imposible saber si esta arma de destrucción masiva será implementada prolijamente. Ya tienen los congresistas una exigencia similar respecto del análisis costo-beneficio de las leyes que dictan y lo que producen con ello no alcanza ni para sonarse los mocos. Pero si el gobierno logra poner esto en buen funcionamiento, podría ser el comienzo del fin de la opresión burocrática.
