Por Franco Giuffra
(El Comercio, 24 de septiembre de 2015)
El Estado es el gran creador de barreras que frenan el desarrollo y el primero en evadirlas. Sea por desacato, por su propia incapacidad para controlarse o por eludirlas con regímenes especiales. Oprime a los privados, pero se escapa él mismo de esa presión.
Esto se puede ver, señaladamente, en materia laboral. El Estado se permite formas de contratación, compensación y despido que no están disponibles para el sector privado. Puede contratar por plazos las actividades permanentes, evitar el pago de gratificaciones y otros beneficios, y despedir sin reposición.
Ahora mismo el flamante director de la policía ha anunciado que descontará el 50% de los sueldos de los malos policías hasta que se compruebe su inocencia en casos de corrupción. Imagínese lo que tendría que hacer un empleador privado para retener por una semana siquiera el 1% del sueldo de un trabajador deshonesto o haragán. No puede. Salvo que quiera embarcarse en un viaje onerosísimo de cartas notariales, abogados y un largo proceso administrativo que, muy probablemente, resultará siendo un tiro por la culata.
¿Por qué no ha salido a confrontarlo la Sunafil? Por la misma razón que el Ministerio de Trabajo no tiene ojos para ver y sancionar la tremenda infracción a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que produjo la muerte de un agente policial mientras desactivaba una granada.
Esa ley no excluye a los institutos armados y policiales; todo lo contrario, están obligados a cumplirla. Y esa fallida intervención no fue un hecho imprevisto. Había maneras de intervenir sin riesgo de muerte, con los equipos adecuados. Si ese accidente le ocurría a un trabajador privado, las autoridades hubieran salido a reclamar el incumplimiento de normas diversas y a anticipar a su empleador un penoso tránsito de varios años por los tribunales de justicia, incluso con el riesgo de incurrir en responsabilidad penal.
Lo mismo sucede en todo orden de cosas. Hace una semana la contraloría ha informado que de las 242 entidades públicas auditadas en el 2014, hay 147 que presentan información financiera defectuosa y han merecido dictámenes de “abstención de opinión”. En pocas palabras, su información financiera no es confiable.
Estas entidades que no pasaron su examen de auditoría representan el 80% de los activos del sector público, el 93% de los ingresos y el 95% de los gastos, según reporta el diario “Gestión”. Solo entre los ministerios de Defensa, Transportes y Educación hay más de 53 mil millones de soles en revaluación de activos que no cuadran.
Pero eso no parece despeinar a nadie. No ciertamente a la Sunat, que no le perdona a un privado que su programa informático para calcular costos no tenga siete decimales o que se le haya escapado un par de miles de soles en el cálculo de las ominosas detracciones, retenciones, percepciones o cualquier otra de esas partidas demoníacas.
Y así sigue la cosa. Las municipalidades exigen espacios de estacionamientos que sus locales no cumplen. La Sunafil, cuotas de discapacitados que los ministerios no respetan. La Susalud, condiciones y protocolos que los hospitales públicos ni sueñan. La SBS, estándares de riesgo y transparencia que la Caja de Pensiones Militar y Policial no debe haber cumplido jamás. La lista de omisiones es infinita.
El Estado no debería tener autoridad para exigir a otros lo que él mismo ignora. Es una inmoralidad que el creador de las normas no respete sus propias directivas.
