Por: Fernando Rospigliosi
Expreso, 10 de Octubre del 2022
Una de las razones por las que los ciudadanos votan por candidatos deshonestos es probablemente porque la inmensa mayoría es informal, no paga impuestos directos y no les preocupa demasiado que las autoridades roben el patrimonio público, siempre y cuando reciban regalos o subvenciones –o crean que los pueden recibir- de parte de esas autoridades inmorales.
Ese es uno de los motivos que explica la elección de Wilfredo Oscorima con 42% como gobernador de Ayacucho, a pesar de que fue sentenciado por corrupción luego de ejercer ese cargo en dos periodos (en 2011 y 2015). O de Luis Torres en Tacna, que está preso (con detención domiciliaria) por acusaciones de corrupción durante su desempeño en la alcaldía en tres oportunidades.
En realidad, esto no es novedad. En 2014 Gregorio Santos fue reelecto gobernador de Cajamarca con 44% de los votos estando con prisión preventiva por corrupción. (Hoy está sentenciado a 20 años de cárcel). El 2018 Elmer Cáceres Llica fue electo gobernador de Arequipa con numerosas acusaciones de corrupción y violación. Hoy está en la cárcel con prisión preventiva.
La verdad es que a los electores parece no preocuparles que sus futuras autoridades sean conocidos ladrones, siempre y cuando tengan ofertas clientelistas. Total, el dinero público no es algo que les concierna. Uno de los motivos es que muy pocos en el Perú pagan impuestos directos, es decir, que hacen declaraciones impositivas al final del ejercicio y abonan a la Sunat el 30% -o algún porcentaje- de lo percibido.
La inmensa mayoría es informal. Y una buena parte de los formales son trabajadores de bajos ingresos a los que se les descuenta en planilla. Así, es una proporción minúscula que siente que el dinero que llena las arcas del Estado, y que las autoridades roban y derrochan, sale de sus bolsillos y que, por tanto, se preocupa cómo se gasta.
Por supuesto, todos los peruanos pagan impuestos indirectos. Pero eso nadie lo percibe. El IGV o el impuesto a los combustibles son parte de los precios y el ciudadano no los aprecia como tales.
Lo mismo ocurre, dicho sea de paso, con el Congreso. El Parlamento se creó precisamente para controlar el gasto del Gobierno, y era “un guardián que tenía buena vista y avaro, porque representaba a quien pagaba”. Pero con la extensión del sufragio “se convirtieron también en electores los que no tenían nada o tenían poco, aquellos que no pagaban”. Ahora los Congresos no son controladores sino aceleradores de gastos. (Giovanni Sartori, “¿Qué es la democracia?”).
Todo esto es mucho más peligroso y destructivo ahora porque en el gobierno está Pedro Castillo que “encarna intereses informales e ilegales”, que robustece la informalidad y destruye la meritocracia, reforzando el círculo vicioso que ahonda la división del país. (Jaime de Althaus, “El Comercio”, 8/10/22).
Como es obvio, se requieren soluciones radicales para romper este círculo vicioso y sacar adelante al país.
