Por: Fernando Rospigliosi
El Comercio, 27 de julio de 2019
A un año de su impactante discurso que catapultó su popularidad y le permitió aglutinar una coalición que lo ha sostenido hasta ahora, el presidente Martín Vizcarra llega al 28 de julio con las manos vacías.
Roberto Abusada lo ha resumido en esta página: “No se han efectuado imprescindibles reformas económicas. Peor aún, se han verificado graves retrocesos institucionales en las esferas de la política, la seguridad ciudadana y en el sistema de justicia. […] El país ha devenido ingobernable por la incapacidad del poder central en ejercer su rectoría sobre las políticas nacionales que en muchos casos es usurpada por gobiernos regionales que no responden a una visión compartida de país” (El Comercio, “¿El fin del milagro peruano?”, 25/7/19).
Los temas centrales de hace un año fueron la lucha contra la corrupción y la reforma del sistema de justicia, así como los ataques al Congreso y la clase política que se concretaron en la no reelección de parlamentarios y el referéndum.
Hoy día no cabe ninguna duda de que la propuesta de reforma de la justicia, elaborada por una comisión de notables designada por Vizcarra e impuesta al Congreso, es un fracaso. No solo no se ha podido designar a la nueva Junta Nacional de Justicia que reemplace al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), sino que la apresurada disolución de este, también impuesta por el Gobierno, ha dejado al sistema judicial descabezado. La alternativa imperfecta, pero quizá menos mala, de reemplazar transitoriamente al CNM por los suplentes fue desechada por el Gobierno.
En otro plano, la cacareada lucha contra la corrupción del equipo de fiscales que son parte de la coalición vizcarrista se ha demostrado también fallida. Cuando un periodista ecuatoriano reveló que Odebrecht había pagado coimas en el Perú en veinte proyectos y no solo en los cuatro que la empresa admitía y que los fiscales graciosamente aceptaron –con el aplauso de sus aliados que sostenían que era una empresa reformada que ahora no mentía–, la credibilidad y la confianza en esos fiscales empezó a cuartearse. (Ver Manuel Romero Caro, “Los pecados del fiscal Rafael Vela. Luego de una luna de miel con la opinión pública, el publicitado equipo Lava Jato peruano ha enfrentado duros reveses”, “Gestión”, 25/7/19).
La reforma política, elaborada también por otra comisión de notables nombrada a dedo por Vizcarra, contribuirá probablemente a empeorar el sistema político.
El miércoles pasado Vizcarra, Salvador del Solar y varios ministros protagonizaron un vergonzoso espectáculo al viajar a Arequipa a rendirse sin condiciones ante un grupo de gobernadores regionales que respaldan el paro, la violencia y los disturbios del valle del Tambo, y que se extendió a otras regiones los días 25 y 26. Se limitaron a recibir una comunicación donde prácticamente se reitera la voluntad de liquidar la minería en el Perú.
Ni el presidente ni ninguno de sus ministros explicaron a la población que gracias a la minería y los hidrocarburos el Perú pudo crecer sostenidamente más de una década, como nunca antes en la historia. Ni recordaron que todas las regiones representadas allí por sus gobernadores reciben miles de millones de soles cada año producto del canon, que en muchos casos sus autoridades derrochan o roban.
En síntesis, el presidente no tiene ningún resultado que mostrar ni ninguna propuesta con qué alentar las esperanzas de los peruanos. Solo puede golpear al Congreso para subir artificialmente su popularidad.
Otrosí digo. El Congreso aprobó un proyecto de ley propuesto por Jorge del Castillo para evitar que policías que se enfrentan a delincuentes y les causen lesiones o muerte sean sancionados y vayan presos. Se cambia así el absurdo principio de proporcionalidad establecido por el nefasto gobierno de Ollanta Humala (Decreto Legislativo N° 1186). Apoyándose en esa norma de Humala, un fiscal de Lambayeque ha pedido hace poco siete años de cárcel para el policía Evert Cueva, quien disparó e hirió a un delincuente que le arrebató su celular. El fiscal también demanda que el policía le pague siete mil soles de reparación civil al hampón. En Piura, una fiscal ha pedido 20 años de cárcel para el policía Elvis Miranda y ochenta mil soles de reparación para la familia del delincuente que abatió. Por supuesto, las izquierdas encabezadas por Marco Arana y el Frente Amplio se oponen y critican la ley del congresista Del Castillo, pretendiendo que se mantenga la situación que penaliza a policías y protege a delincuentes.
Ahora falta que se apruebe otro proyecto que recoja la doctrina del castillo para defender a civiles que se enfrentan a malhechores.
