Fernando Rospigliosi
Expreso, 20 de enero del 2025
Ahora es casi unánime el reconocimiento de que las acusaciones de los fiscales Rafael Vela y José Pérez contra Keiko Fujimori, dirigentes y militantes de Fuerza Popular y también las imputaciones contra otros líderes y partidos políticos -Jorge del Castillo, del Apra, Lourdes Flores del PPC, etc.-, y empresarios como Ricardo Briceño, carecen de fundamento jurídico y fueron solo una maniobra política para desacreditarlos y liquidarlos.
A esta conclusión se ha llegado luego de que el Tribunal Constitucional (TC) -elegido por el actual Congreso- le diera la razón a uno de los imputados José Chlimper, y volviera todo a una etapa anterior.
El asunto es ¿cómo fue que un fiscal evidentemente inepto como Pérez pudo procesar y encarcelar desde 2018 a Keiko Fujimori y otras personas, tratarlos como delincuentes y mantenerlos aherrojados con acusaciones que carecen de todo fundamento?
¿Cómo pudo ese sujeto convertirse en “el hombre del año” para ciertos medios de comunicación? ¿Cómo así se le consideró un casi fijo candidato presidencial, al tiempo que se fabricaban camisetas con su desencajado rostro? ¿Quién empoderaba a un individuo de esa catadura?
Esas son preguntas que pocos se hacen y casi nadie quiere abordar, cuando la respuesta es, ahora, sencilla y fácil de discernir.
La coalición vizcarrista, integrada por el Lagarto -entonces presidente- y la mafia caviar, fue la construyó ese andamiaje con la finalidad de liquidar a sus enemigos políticos y proteger a sus amigos y allegados.
Esa mafia -ONG, estudios de abogados, medios de comunicación, etc.- no tuvo reparos en asociarse al corrupto Martín Vizcarra para obtener poder y dinero, arrasando con el ya débil sistema político.
Dieron un golpe de Estado el 30 de setiembre de 2019, cerrando ilegalmente el Congreso que no controlaban, con el pretexto que se iba a elegir un nuevo miembro del TC que no era de su agrado. Luego derrocaron a Manuel Merino y Antero Flores Araoz e impusieron mediante una asonada violenta -apoyada por grandes grupos empresariales- a Francisco Sagasti para que los ayude a manipular el proceso electoral de 2021.
En el camino, terminaron de apoderarse y politizar el sistema de justicia, sobre el que tenían ya mucha influencia. Un golpe decisivo fue el de enero de 2019, cuando el Lagarto defenestró al fiscal de la Nación Pedro Chávarry para imponer a la impresentable Zoraida Ávalos.
Usaron el caso de una red de corrupción judicial, “cuellos blancos”, para sus propósitos, interviniendo a veces ilegítimamente las comunicaciones -el equipo de interceptación legal del Estado ha sido manejado durante años por el esbirro policial de la mafia caviar y un notorio e inescrupuloso sinvergüenza como Carlos Morán-, y luego difundiéndolas ilegalmente de acuerdo a sus intereses políticos.
En síntesis, la principal responsabilidad de tener un sistema de justicia politizado y en ruinas, y un sistema político precario e inestable es, sin duda, de la mafia caviar. Una mafia cuya existencia algunos niegan y otros no osan mencionar.
