Fernando Cillóniz, Gobernador regional de Ica
El Comercio, 19 de agosto de 2016
En nuestro país tenemos la mayor disponibilidad de agua per cápita de América Latina, pero muchos peruanos no tienen acceso a ella. Así, más que un problema de escasez, estamos ante una problemática de mala de gestión del recurso.
Por otro lado, nuestra naturaleza es excepcional. Tenemos una cordillera colosal que divide a nuestro país en dos grandes vertientes: la vertiente subtropical del Atlántico con mucha agua y la vertiente desértica del Pacífico con poca agua.
Entonces, la pregunta es: ¿por qué no compartir las aguas sobrantes de la vertiente del Atlántico con los desiertos y cuencas áridas de la vertiente del Pacífico? Inclusive dentro de la misma vertiente del Pacífico, ¿acaso no tenemos ríos costeros que podrían compartir sus aguas sobrantes con los desiertos vecinos?
La respuesta a todas estas interrogantes es que sí podemos trasvasar las aguas sobrantes de las cuencas superavitarias hacia las cuencas deficitarias. Tenemos cerros de papeles y planos que dan cuenta del enorme esfuerzo realizado por los más calificados ingenieros y financistas del mundo, que sustentan la viabilidad técnica y financiera de estos proyectos.
Ejemplos tenemos de sobra. Las aguas sobrantes del río Huancabamba en Cajamarca se trasvasaron para irrigar el desierto de Olmos en Lambayeque. Las aguas sobrantes del río Santa en Áncash se trasvasaron a los desiertos contiguos y así nacieron Chavimochic y Chinecas.
De la misma manera, las aguas sobrantes del río Apurímac en Espinar, en el Cusco, se pueden trasvasar para irrigar las áridas pampas de Majes-Siguas. Las aguas sobrantes del río Pampas en Huancavelica se pueden trasvasar para irrigar Huaytará, Castrovirreyna e Ica. Y así, podría mencionar decenas de trasvases similares que generarían un extraordinario impulso económico y social en nuestro país.
Sin embargo, los trasvases que en el papel resultan obvios y convenientes, en la práctica suelen ser difíciles y –sobre todo– conflictivos. Efectivamente, los conflictos por el agua en nuestro país han merecido muchos titulares periodísticos y –lo que es peor– han generado muchas pérdidas humanas y materiales.
Es verdad que detrás de dichos conflictos hubo agitadores y extorsionadores especializados en la materia, y que la politiquería jugó un papel preponderante en distorsionar la realidad e inventar supuestos efectos apocalípticos detrás de cada trasvase. Pero –valgan verdades– hubo algo más que dificultó la “licencia social” y– en mi opinión– fue la falta de compensación económica a las comunidades ubicadas en los espacios circundantes a las captaciones de agua. En lenguaje corriente y sencillo, se trata de algo así como “tú no tienes agua; yo te puedo dar mis aguas sobrantes; además, yo soy pobre y tú no; entonces ¿qué me das a cambio?”.
Es precisamente ese “¿qué me das a cambio de mi agua sobrante?” lo que ha devenido en una iniciativa con el fin de implementar una ley del canon de agua que algunos gobernadores regionales estamos proponiendo para que la riqueza generada a partir de las aguas trasvasadas sea compartida con las comunidades altoandinas, ubicadas en las cercanías de las obras de captación.
Concretamente, estamos proponiendo que el 50% del Impuesto la Renta de las empresas beneficiarias de las aguas trasvasadas revierta a las comunidades antes mencionadas. Y que dicho monto sea administrado por un fideicomiso para ser utilizado exclusivamente para lo que se denomina siembra y cosecha de agua. Es decir, para construir reservorios, canales, sistemas de riego, etcétera, y para desarrollar la forestería, agricultura y ganadería altoandinas.
Hermanar a la costa con la sierra a través del agua. Ese es el objetivo del canon de agua. Un instrumento justo e integrador que hará realidad el anhelo de Agua para Todos.
Lampadia
