Fernando Cáceres Freyre
El Comercio, 2 de setiembre del 2024
“En nuestro país abundan las actividades económicas ilegales (muchas veces camufladas como informales)”.
Hay 35 partidos habilitados para las elecciones del 2026, y 27 más que están por conseguir la habilitación. ¿De dónde saldrá todo el dinero necesario para financiar campañas presidenciales y legislativas?
Desde el 2018, se aprobó que los partidos solo puedan recibir financiamiento privado de personas naturales (nacionales o extranjeras) o asociaciones extranjeras, y quedó prohibido el financiamiento de empresas o asociaciones nacionales.
El financiamiento de asociaciones extranjeras es un canal común para financiar ONG (y en esas ONG sí suelen trabajar políticos que no llegaron a ser elegidos), pero es tan poco frecuente como medio para financiar partidos políticos, que entre el 2020 y el 2022, años respecto de los cuales pedí información a la ONPE, no hubo un solo aporte.
Una parte del financiamiento de la campaña del 2026 podría provenir del financiamiento público directo (aunque no está pensado para eso), pero eso solo podría ocurrir con los 10 partidos o alianzas electorales que obtuvieron una votación relevante para el Congreso en la campaña anterior; y Perú Libre es el que más está recibiendo (S/10,7 millones), seguido de Fuerza Popular (S/9,5 millones). ¿Y los otros 52 partidos se financiarán mediante personas naturales?
Más todavía, este nivel de recursos no alcanza para financiar una campaña presidencial. Aunque los canales publicitarios para hacer campaña han variado y el uso de las redes sociales abaratará lo que costaba financiar una campaña vía televisión, a manera referencial puede considerarse que en el 2011 los principales candidatos gastaron aproximadamente US$20 millones cada uno (“Gestión”).
Lo cierto es que en nuestro país abundan las actividades económicas ilegales (muchas veces camufladas como informales) y la más boyante es la minería ilegal, que según este Diario mueve US$6.000 millones al año, superando al narcotráfico, que se calcula moviliza la friolera de US$4.800 millones. Y lo que también es cierto es que en el Congreso se han aprobado iniciativas para favorecer a la minería informal tras sendas reuniones con sus representantes.
No tengo evidencia para afirmar que la minería ilegal ya ha financiado la política, pero digamos que lo más probable es que eso ya haya ocurrido y aún más probable resulta que vaya a ocurrir en la próxima campaña electoral, dada la cascada de partidos políticos que requerirán dinero.
La ONPE ha dado el primer paso hacia un cambio de rumbo. Ha presentado al JNE una iniciativa legislativa para que este organismo la presente al Congreso, que propone volver a permitir el financiamiento de empresas y asociaciones nacionales, sujeto a ciertos límites e incompatibilidades.
Me parece clave que se abra el debate sobre cuáles deberían ser esas incompatibilidades, a fin de reducir la posibilidad de que el financiamiento conlleve compra de favores políticos a futuro. La ONPE ha propuesto, por ejemplo, que no pueda otorgar financiamiento una empresa que tiene contratos con el Estado.
Personalmente, me gusta mucho recordar el caso de la desaparecida ONG Reflexión Democrática, que entre el 2006 y el 2011 desarrolló el programa Impulso para un Mejor Congreso para apoyar con capacitación y espacios publicitarios a candidatos al Congreso. La selección era realizada por un jurado independiente y con buena reputación. Las empresas donaban recursos mediante sus gremios y los beneficiarios elegidos por el jurado recibían el apoyo de Reflexión Democrática sin conocer qué empresas habían apoyado el proyecto, para no desnaturalizarlo. Un mecanismo que debería haberse continuado y repetido.
La política requiere financiamiento y si este no puede provenir de las empresas o asociaciones nacionales formales, provendrá de las actividades ilícitas. La prohibición absoluta –como toda prohibición absoluta– solo ha traído informalidad y ha abierto canales al crimen organizado. Es hora de repensarla.
