El plan de inversiones 2013-2016 anunciado para Sedapal por S/.8.443,5 millones y la insistencia del Gobierno por una gestión estatal de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) no son buenas noticias. En Contribuyentes por Respeto estudiamos recientemente el estado del servicio de saneamiento con énfasis en áreas urbanas atendidas por EPS y encontramos indicadores de desempeño sumamente pobres que no permiten augurar una ejecución eficiente y solidaria de nuestros impuestos.
En acceso a agua y alcantarillado encontramos 2,1 millones de personas sin agua y 3,7 millones de personas sin alcantarillado en áreas urbanas. Ucayali es el caso más dramático, donde solo 4 de cada 10 pobladores tienen acceso a estos servicios.
La continuidad del servicio también es un problema, pues en provincias bordea 15 y en Lima 22 horas/día, lo cual lleva a que la gente almacene el agua en cisternas y tanques, donde por falta de cultura de mantenimiento se pierde el cloro necesario para el consumo humano (según
Enaho solo el 33% del agua consumida en el país tiene suficiente cloro).
La falta de tratamiento de aguas servidas es otro problema. Las EPS se encuentran entre las empresas que más contaminan el medio ambiente, pues tratan solo el 31,5% de las aguas servidas y el resto se desecha al medio ambiente en un volumen equivalente a 47,46 veces la Vía Expresa por mes (contaminación asociada con enfermedades como hepatitis, cólera y tifus).
En términos comparados regionales, Cepal (2012) nos ubica en el último lugar de la región en acceso a fuentes mejoradas de agua y en el penúltimo lugar en acceso a saneamiento. Entre las experiencias regionales es interesante comparar la gestión de Sedapal con la de Aguas Andinas de Santiago, empresa privada que hace 10 años tenía similar número de conexiones, y que hoy ofrece 20% más conexiones, 3 veces más tratamiento de aguas servidas, menos de la mitad de densidad de roturas de redes, 29% mayor medición y 23 veces mayor rentabilidad patrimonial que Sedapal (2011); a pesar de tener un costo operativo por conexión 52% menor.
Es cierto que las empresas privadas no enfrentan las mismas condiciones que las estatales, pero justamente por eso es clave observar su desempeño. Tal como ha afirmado el presidente de Sunass, la mayoría de EPS no se maneja con sentido empresarial sino político y debe enfrentar una “telaraña sectorial” que no promueve la eficiencia. ¡Bingo! ¿Por qué entonces los contribuyentes debemos aceptar que el Estado siga gestionando estos servicios?
Para los millones de personas sin agua y alcantarillado, sincerar las tarifas para desarrollar una asociación público privada no significaría un mayor gasto, pues actualmente invierten 26,72 veces más que quienes tenemos acceso a red (considerando precio por m3 y tiempo necesario para conseguirla). Y si bien para los demás sí significaría un aumento, las concesiones en electricidad y telefonía locales muestran que desde su concesión las tarifas subieron 1,4 veces, pero luego se redujeron 2,4 en telefonía y 0,5 en electricidad.
¿El impacto que tiene en la población el servicio de agua y saneamiento disuadirá al Gobierno de insistir con las empresas estatales en este sector? Corren las apuestas.
Tomado de El Comercio, 2 de mayo, 2013
