Por: Felipe Morris, Economista
El Comercio, 15 de junio de 2018
El Comercio, 15 de junio de 2018
La creación de Agrobanco, en el 2001, fue uno de los grandes retrocesos con respecto a la reforma del sistema financiero de la primera mitad de los noventa. Uno de los elementos fundamentales de la reforma fue cerrar la mal llamada banca de fomento, quebrada debido a pérdidas por malos préstamos y altos costos operativos. Se tomó entonces la decisión de que el gobierno solo otorgaría créditos como banca de segundo piso a través de Cofide.
Lamentablemente, sucesivos gobiernos desarmaron la reforma y abrieron la puerta para que entidades financieras del Estado volvieran a otorgar créditos directamente. Ya sea con la creación de Agrobanco, permitiendo que Cofide realice operaciones de garantía o ‘fronting’ o flexibilizando las políticas de crédito del Banco de la Nación.
En los casos de Cofide y Agrobanco, las pérdidas han sido muy altas. Como resultado de un proceso de reestructuración y con el apoyo del gobierno, Cofide se está recuperando, pero la situación de Agrobanco es mucho más complicada. El índice de mora asciende a más de 44% del total de la cartera. Así, ha trascendido que el gobierno tendría que otorgar S/370 millones mediante un aporte de capital de S/120 millones y una capitalización de deudas de S/250 millones. Y estas cifras probablemente estén subestimadas.
Agrobanco acabó siendo afectado por los problemas típicos de los bancos de desarrollo que prestan directamente a clientes privados: otorgamiento de préstamos con fines políticos, aprovechamiento de la debilidad de la institución por algunos clientes medianos que no podrían obtener créditos de la banca privada, y el incremento de sus costos operativos como resultado de su carácter de entidad estatal.
¿Tiene sentido reflotar la institución? ¿El agro peruano necesita de Agrobanco? Esas son preguntas que enfrentan el MEF y el Fonafe. Cuando se decidió cerrar el Banco Agrario (uno de los principales causantes de la hiperinflación durante el primer gobierno aprista), los que se oponían argumentaban que esto llevaría al colapso de la agricultura en el país. En ese momento se demostró que la correlación entre el crecimiento de la producción agrícola y el crédito agrario era poco significativa y que factores como el clima, el acceso al agua de riego, la gestión empresarial y los precios eran los verdaderos determinantes de la producción final.
La importancia de Agrobanco en la economía del país es poco relevante. La decisión de qué hacer con la institución debería tomarse sin apasionamiento y evitando la politización. El Estado dispone de otros mecanismos para apoyar a los pequeños agricultores, por lo que no debe concentrar sus esfuerzos en financiar a una institución que ha demostrado su incapacidad para otorgar créditos directos. Este tipo de instituciones fomenta la ineficiencia y la corrupción en el sector. Asimismo, contribuye a la mala asignación de recursos, además de tener un costo fiscal alto cuando estamos abocados a reducir el déficit. Esperemos que el gobierno y el Congreso tomen la decisión correcta en este caso.
