Por Felipe González
(El País, 21 de agosto de 2015)
Las elecciones del 6 de diciembre pueden significar el cambio necesario para la reconciliación en el país, pero Nicolás Maduro debe renunciar a los discursos amenazantes y tiene que ejercer como el presidente de todos los venezolanos.
Venezuela atraviesa una grave crisis socioeconómica; de seguridad ciudadana y de libertades básicas. El país necesita un Gobierno que “gobierne”, sin buscar culpables fuera de su ámbito de responsabilidad; que abra un espacio de diálogo con la oposición y con los sectores productivos para intentar enfrentar los desafíos con una visión de los intereses generales de todos los venezolanos. Un diálogo capaz de reconciliar a una sociedad fracturada que sufre el fracaso y el sectarismo de los gobernantes.
La inseguridad física de los ciudadanos —no hablemos de la jurídica— se está convirtiendo, tras el desabastecimiento alimentario, en la preocupación dominante del pueblo que se siente indefenso ante los asaltos, secuestros, robos y asesinatos. Caracas es una de las ciudades más violentas del mundo, incluidas las muertes de servidores públicos de las fuerzas de seguridad. El Gobierno habla de un nuevo plan de lucha contra la criminalidad que domina las calles. El llamado OLP, que es el número 26 de los puestos en marcha para atajar el problema, sin resultados reales.
También hay una crisis institucional. El Estado, que ha concentrado sus poderes en el ejecutivo, no funciona más que para hacer declaraciones responsabilizando a los demás de su fracaso. La Asamblea Nacional ha delegado en el presidente de la República que asume mediante decretos ley las funciones del legislativo. Pero la AN tampoco ejerce la función imprescindible de control de la acción de Gobierno, aplastando las voces de la oposición para que no haya críticas a los errores y la inacción del Gobierno. La justicia funciona al dictado del poder ejecutivo, o del presidente de la AN, incumpliendo todas las normas que garantizan un proceso válido. No hablamos de las normas internacionales de obligado cumplimiento para el Estado venezolano, sino de la propia Constitución de Venezuela y el marco jurídico que la desarrolla.
La convocatoria de elecciones a la Asamblea Nacional abre una vía de esperanza, si se dan las condiciones razonables para que la contienda electoral sea justa, pero no resuelve por sí sola la crisis de gobernanza que atraviesa el país. Y para que la contienda sea justa, las instituciones deben garantizar que no se alteran a capricho los circuitos electorales, que exista una presencia de observadores creíbles desde ahora, porque se están tomando decisiones que pueden afectar a la razonable igualdad de oportunidades entre los contendientes. Y sobre todo debe garantizar la libertad de representación. Es decir, revertir el proceso de eliminación arbitraria de candidatos utilizando instrumentos judiciales y administrativos desde el poder ejecutivo. Es absurdo que haya presos por razones políticas, que haya candidatos exiliados por razones políticas, que se limite la libertad de representación ante los ciudadanos para que se sometan libremente al escrutinio del pueblo soberano.
El señor Maduro no puede seguir ocultando su fracaso inventando conspiraciones del “imperio”, de la extrema derecha interna e internacional, del “eje Madrid-Bogotá-Miami”. ¿Se imagina alguien a Obama intentando desestabilizar a Venezuela mientras trata de normalizar las relaciones con Cuba? ¿Le parece creíble ese cuento que repiten como un mantra?
Usted sabe que están haciendo un esfuerzo de normalización de las relaciones entre EE UU y Venezuela. Que extreman su prudencia a la hora de mostrar preocupaciones legítimas sobre las libertades y la crisis aguda del país. Usted sabe que en ese esfuerzo hay un obstáculo mayor: la existencia de presos y exiliados políticos y la necesidad de elecciones limpias. Y sabe que ese es tema de consenso en el Congreso de EE UU (casi el único) entre republicanos y demócratas.
Los ciudadanos, sobre todo las madres de familia más humildes, aguantan sin esperanzas las largas colas para acceder a los alimentos o las medicinas que necesitan. Y las ven acaparadas por los corruptos en el mercado negro a precios inaccesibles. No funciona la producción nacional, ni es suficiente la importación, ni hay eficacia en la distribución de estos bienes racionados. Están en una situación alimentaria de emergencia y el Estado no es capaz siquiera de distribuir con eficacia la escasez que sus políticas ha provocado.
Los salarios están siendo devorados por una inflación sin control. Incumpliendo los más elementales deberes de las instituciones ocultan las cifras, que todos los analistas sitúan por encima del 140%. Nadie, ni los más partidarios del Gobierno, desconocen que un dólar vale más de 700 bolívares en la calle, que es donde vive o sobrevive la gente, y no la ficción oficial de 6,30 bolívares por dólar.
El aparato productivo del país ha sido destruido sistemáticamente en una carrera sin sentido de ocupación de la economía por un Estado ineficiente y corrupto. En nombre de la “revolución” han liquidado lo público y lo privado, desde PDVSA a la industria del acero, pasando por la producción alimentaria o la de medicamentos. Incautando lo que funciona y estatalizándolo han conseguido que todo se paralice, que la productividad desaparezca, que lo único que prospere sea la “boliburguesía” depredadora de los recursos y, ahora, de la escasez y la pobreza.
La democracia sigue siendo el sistema menos malo que existe. No garantiza el buen gobierno, pero sí garantiza al pueblo cambiar al Gobierno cuando no le gusta. La democracia se legítima en origen por el voto de los ciudadanos, como la condición necesaria, pero no suficiente. Porque necesita que el Gobierno cumpla con sus programas, que el Parlamento o asamblea lo controle y elabore leyes para todos, que se respete a las minorías, que la división de poderes sea real, que haya garantía de libertad de opinión y de información, así como de elección de los representantes de los ciudadanos.
En Venezuela se vota. Por eso son tan importantes las elecciones del 6 de diciembre. Pero no se cumple nada más. No hay legitimidad de ejercicio. El desafío del 6 de diciembre es más decisivo que una elección normal de la AN. Puede ser el comienzo del cambio para la gobernanza y la reconciliación a través del diálogo que necesita Venezuela. Pero la esencia de la democracia está en que la derrota —de quien decida el pueblo soberano— es aceptable, porque se dan las razonables condiciones de igualdad para competir. El presidente de la República debe garantizar que esto ocurra, porque es presidente de todos los venezolanos. Por eso tiene que renunciar a los discursos amenazantes y las decisiones que se derivan de ellos. Es inaceptable que hable de la “revolución” mezclando los votos y las botas. Las Fuerzas Armadas son de Venezuela y se deben a Venezuela, no al fracasado proyecto de su Gobierno. Los medios de comunicación públicos son de todos los venezolanos y el acceso a ellos debe reflejar la pluralidad de opciones políticas y no ser un monopolio de sus partidarios.
Usted, señor presidente, debe respetar y hacer respetar la libertad de prensa y de opinión, sin perseguir a los medios —ya muy escasos— que representan opiniones discrepantes.
Usted, señor presidente, que concentra todos los poderes del Estado, puede y debe ordenar la libertad de los presos políticos y la vuelta de los exiliados.
Usted, señor presidente, puede y debe invitar a observadores internacionales con experiencia, como los de la OEA y la UE, además de Unasur para que den legitimidad plena a la competencia electoral.
Si lo hace demostrará dos cosas: que es el presidente que representa a todos los venezolanos y que no teme a la contienda electoral limpia que su país merece.
