El Comercio, 31 de julio de 2016
Los congresistas de Fuerza Popular deben legislar para el país, no para honrar las propuestas que tenían para el Ejecutivo.
Realizado el cambio de mando, no ha pasado, sin embargo, el trauma electoral. El presidente Pedro Pablo Kuczynski sigue prometiendo, como si se mantuviera en campaña. Su ex contrincante, Keiko Fujimori, sigue hablando de su victoria de primera vuelta.
La ex candidata, en un mensaje enviado desde el extranjero, ha dicho que Fuerza Popular obtuvo “una mayoría histórica en el Congreso”. Ha dicho, además, que su partido asumirá “con responsabilidad” su tarea.
Keiko Fujimori, sin embargo, ha dicho algo que tiene que descifrarse con rigor. “Vamos a convertir las propuestas de nuestro plan de gobierno en leyes”, ha prometido.
El mensaje ha sido breve y no hay mayor explicación. Si se entiende literalmente, es inadmisible. La elección de primera vuelta nos dice a quiénes se elige de congresistas; es decir, a quiénes elegimos para legislar.
La elección de segunda vuelta determina quién será el presidente de la República y quién dirigirá el Poder Ejecutivo. Aunque por poca diferencia, se ha elegido a Kuczynski y el plan de gobierno de su partido.
El Perú no ha elegido el plan de gobierno de Fuerza Popular. Pretender transformar la elección congresal en una elección gubernamental distorsiona la naturaleza de las elecciones.
La esencia de la democracia es la separación y equilibrio de los poderes del Estado. Los planes de gobierno se presentan a la población para que la mayoría elija qué ideas o propuestas deben llegar al gobierno vía el Poder Ejecutivo.
Darle al Congreso el poder de ejecutar un plan de gobierno, a través de leyes, violenta el orden constitucional y amenaza la gobernabilidad.
El partido ganador de las elecciones congresales puede, y debe, por supuesto, convertir en leyes las propuestas legislativas que hubiera anunciado en su plan de gobierno. No puede ni debe ir más allá.
La oposición no tiene un papel de sustitución. Tiene el derecho, y hasta la obligación, de fiscalizar al gobierno y legislar en función de lo que entiende son las demandas legislativas de la población.
La oposición no tiene el derecho a ejecutar un plan de gobierno a través de leyes. No tiene ese mandato ni esa representación.
Quizá Keiko Fujimori se haya referido a llevar al Parlamento las propuestas legislativas incluidas en su plan de gobierno. Si es así, debe decirlo así. El tema es demasiado sensible y críticamente importante.
Las actitudes del fujimorismo parecen anunciar una guerra fría poselectoral. Uno de los campos de batalla de esa guerra será la tributación y el manejo presupuestal.
Los congresistas deben resolver con independencia y criterio las propuestas del Ejecutivo, sin que ello cause una paralización de la administración tributaria. No deben crear regímenes tributarios especiales como, por ejemplo, proponía su plan de gobierno.
El plan de gobierno de Fuerza Popular planteaba, entre otras cosas, un régimen de tributación cero para las nuevas microempresas y pequeñas empresas. ¿Tiene la mayoría congresal mandato para “convertir en ley” esta propuesta?
Los congresistas de Fuerza Popular no representan en el Congreso a Fuerza Popular. Representan a la nación, como dice el artículo 93 de la Constitución. Esto quiere decir que deben legislar para el país, no para honrar las propuestas que para el Ejecutivo tenía su plan de gobierno.
Fuerza Popular tendrá, en el Congreso y fuera de él, una tarea muy importante los próximos cinco años. Tendrá también una vitrina política para la siguiente elección presidencial. Si no interpreta con rigor lo que significa su mandato para este período, perderá su opción.
Lo importante para el país no es el récord histórico de una elección, sino el carácter histórico que pueda tener el ejercicio de la función.
Eso recién está por verse. Para empezar, por lo pronto, es recomendable ubicarse exactamente en la nueva escena política que nos ha dejado el proceso electoral del 2016, que ya terminó.
