Entrevista a Ernesto Álvarez
Expreso, 14 de setiembre del 2023
Por: Aaron Salomón
Advierte que organismo tomó decisiones de manera arbitraria y que Inés Tello usa argumento bastante rebuscado para mantenerse en el cargo.
Se ha generado una campaña de victimización de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en donde diversas ONG de izquierda y caviares señalan que esta investigación del Congreso a los miembros de la JNJ por falta grave sería un quiebre al orden constitucional. ¿Qué opina al respecto?
Que es falso, porque el Congreso tiene la potestad constitucional de poder sancionar a los miembros de la JNJ y ese artículo de la Constitución (157) fue creación del propio equipo del entorno del expresidente Martín Vizcarra.
Es el Congreso al que le corresponde establecer la falta grave, ¿cierto?
La falta grave en este caso, al igual que la causal de vacancia por incapacidad moral, es una cláusula abierta porque el constituyente ha deseado que fuese así, y no está determinada con un tipo de carácter penal. La vacancia, como la sanción a la JNJ, son medidas de carácter político, por eso es que se establece una votación de dos tercios en el Congreso.
Se trata de 87 votos y no puede existir una dictadura congresal, cuando hay 13 bancadas y alcanzar esa cifra requiere consensos.
Son 13 bancadas y la exigencia es de dos tercios de votos. Significa que tiene que haber un acuerdo masivo al interior de las bancadas para poder tomar una medida así. Es sorprendente que observemos una campaña tan grande en televisión, medios y redes, y que se haya movilizado tal cantidad de recursos humanos y materiales, solo por abrir una investigación. ¿Cuál es el temor a la investigación? Porque ni siquiera ha habido la amenaza cierta de una sanción.
Y la Comisión de Justicia va a respetar el debido proceso porque va a escuchar a los miembros de la JNJ y se va a delimitar las faltas en que han incurrido, así sea sumaria la investigación.
Se debe determinar cuáles son las acusaciones, pero eso en virtud de las investigaciones. Luego, se determinará en qué momento cada uno de los posibles implicados pueda establecer su defensa legal. Necesariamente tiene que individualizarse cualquier cargo. A diferencia de cuando se hizo uso de este mismo artículo de la Constitución para defenestrar al CNM, incluso a los suplentes que no habían cometido acto alguno, en esta oportunidad se tiene que guardar las formas, individualizando cualquier posible falta y exonerando de culpa a aquellas personas que solos suscribieron un documento u omitieron protestar para defender los principios constitucionales, cuando, por ejemplo, la JNJ tomaba decisiones de manera arbitraria.
En la moción aprobada para investigar a los miembros de la JNJ se señala que Inés Tello permanece en este organismo a pesar de tener 78 años y la filtración que ella habría hecho de su investigación a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a IDL. ¿Le parece esto una falta grave?
Es una falta grave básicamente de ella y hay que graduar ahí la sanción, porque es una falta en aquellos que han permitido que la JNJ tome esa decisión. Entiendo que esta decisión fue bastante debatida al interior de la JNJ, porque es obvio que el argumento que le permite a Tello mantenerse en el cargo es bastante rebuscado. Es una decisión política mantenerse en el cargo, porque es el nexo con las ONG y personas que tienen información privilegiada.
La JNJ utiliza el argumento de que, como es un organismo constitucional autónomo, no puede ser investigado.
El Tribunal Constitucional también es un organismo autónomo, pero, si uno de sus miembros es sospechoso de haber cometido falta grave, el Congreso tiene que investigarlo y luego, si encuentra verosimilitud en la denuncia, tiene que sancionarlo. El Congreso es la suma de representación política que reúne a todas las corrientes importantes de pensamiento, es la voluntad popular, por eso no nos debe extrañar su capacidad de investigar y sancionar, si es que tienen los votos.
Lo importante es remarcar, entonces, que la culpa debe ser individualizada.
Sí, así es, no hay responsabilidad grupal, salvo en el Consejo de Ministros.
¿Usted cree que el objetivo final de la JNJ sea destituir a la fiscal de la Nación, quien tiene unas 20 investigaciones en esa entidad?
El mismo bando que defendió a Vizcarra, que defendió la disolución inconstitucional del Congreso, que trató de evitar la elección de los magistrados del TC y del defensor del Pueblo, y que defendió a Castillo, es el mismo que protege a la exfiscal Zoraida Ávalos y que ha jurado defenestrar a la actual fiscal de la Nación, porque ella está permitiendo la investigación de sus líderes políticos.
Muchos no recuerdan el doble estándar de la JNJ porque destituyeron a los exfiscales Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, por el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, pero, a su vez, el juez César San Martín solo fue suspendido por 30 días, pese al audio con Walter Ríos donde hablaron de un favor en un proceso judicial.
La JNJ ha obrado de una manera manifiesta con doble estándar, dependiendo de a quién investigaba y a quién iba a sancionar. Ahí se ha expuesto el cariz político e ideológico de la mayoría de los miembros de la JNJ.
