Entrevista a Ernesto Blume, Expresidente del Tribunal Constitucional
Expreso, 24 de noviembre del 2025
Ricardo Reyes Ortiz
Abogado constitucionalista asegura que normas dadas por el Congreso protegen los derechos de los ciudadanos ante abusos del Ministerio Público.
Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, en entrevista exclusiva para EXPRESO, desenmascaró a los que tratan de confundir a la población con una narrativa de las leyes pro crimen, que según él es un invento de los caviares y una mentira monumental porque, en realidad, esas leyes son pro derechos humanos, antiabuso y atropellos del Ministerio Público y de los jueces.
-¿Cómo califica usted las leyes emitidas por el Congreso a la que los críticos llaman leyes pro crimen?
Estas leyes responden a una narrativa impregnada de maldad, falsedad y antipatriotismo inventada por ciertos sectores radicales y por los caviares para desprestigiar al Congreso, desestabilizar la institucionalidad en el país y desestabilizar la democracia y el sistema constitucional porque ninguna de estas leyes es pro crimen. Si hay que ponerles un título, son leyes proderechos humanos y leyes antiabusos fiscales y judiciales. Es una ley de defensa del ciudadano frente a la autoridad. Si quiere podemos referirnos a algunas de ellas.
-A ver, por ejemplo, la Ley 31990.
Esta ley regula la colaboración eficaz. Favorece al ciudadano y a sus derechos fundamentales porque evita dilaciones y abusos en las negociaciones con los colaboradores eficaces. Antes un fiscal se tomaba el tiempo que quisiera para solicitar la colaboración eficaz, lo hacía en forma directa, sin testimonios, sin ninguna afirmación y sin presencia del abogado. Hoy se establece un plazo porque se supone que debe ser un procedimiento rápido.
-¿Y cuál es ese plazo?
Esta ley establece que el fiscal tiene un plazo de cuatro meses prorrogables y cuando los casos son complejos de ocho meses prorrogables. En ese lapso el fiscal debe entrevistarse con el futuro colaborador, pero llevando registro grabado y fílmico de esa entrevista que se debe hacer en presencia del abogado, para protegerlo y para que que el fiscal no cometa abusos ni dilate el caso porque es una espada de Damocles.
-¿Hay algún caso parecido?
Sí, el lamentable caso del fallecido José Castro en el proceso contra Susana Villarán. A él se le planteó de su colaboración eficaz en 2019 y han pasado 7 años y no se materializó. Y más bien este señor apareció muerto, dicen que se suicidó, otros que fue degollado y eso está en investigación, pero el fiscal desperdició siete años y no definió su situación. Lo que se quiere es un tratamiento razonado, proporcionado y respetuoso de los derechos del involucrado en la colaboración eficaz.
-¿Qué nos puede decir de la Ley 32108?
Esa ley establece algunas regulaciones sobre la figura del crimen organizado, lo cual es totalmente lógico porque en esta ley se está definiendo lo que es una organización criminal, que es una estructura compleja de tres o más personas que permanece en el tiempo con fines delictivos. No se puede admitir la posibilidad de que el fiscal atribuya a cualquier persona o grupo de tres o más personas el carácter de organización criminal como ha venido ocurriendo.
-En ese sentido, ¿qué caso puede mencionar?
El patético caso de Pedro Pablo Kuczynski, a quien acusan de estar en una organización criminal y quiénes eran los integrantes de esta organización, era PPK, su secretaria y su chofer. Miren a lo absurdo que se llegó. Esta ley regula lo que es organización criminal, es una ley de protección a muchos ciudadanos para que no sean acusados injusta e indebidamente por un MP avasallador de derechos y eso no es compatible con el Estado constitucional.
-Los detractores señalan que esta ley modifica la lucha contra el crimen organizado, con nuevos requisitos que dificultan su tipificación y sanción.
Esa es una mentira monumental. Lo que hace es dar un tratamiento razonado, lógico y prudente de lo que es organización criminal porque no se trata de que el MP haga y deshaga con el derecho de los ciudadanos. Eso no es admisible en un Estado Constitucional. El MP está obligado a respetar la Constitución y la Carta Magna le ordena respetar los derechos fundamentales y cada uno de los derechos que están en el artículo segundo y demás pertinentes de la Constitución.
-Vayamos a la Ley 32326.
Esa es una ley que ha establecido regulaciones para cortar el abuso de derecho que se venía cometiendo, violando la Constitución. De acuerdo a la Carta Magna la propiedad privada es inviolable y solo se le puede afectar por causales previamente establecidas y previo procedimiento expropiatorio y previo pago de indemnización justipreciada. Sin embargo, con este invento de extinción de dominio se venía atropellando los derechos de los investigados y en general de las personas involucradas, imputando una aparente responsabilidad penal y luego incautando los bienes de los investigados en un procedimiento inclusive ajeno al proceso penal en donde no había posibilidad de defenderse mayormente ni de refutar lo que pretendía el MP.
-Entonces, ¿qué se ha hecho en esta ley?
Armonizar la figura de extinción de dominio con la defensa y protección del derecho de propiedad consagrado en el artículo 70 de la Constitución, evita confiscaciones arbitrarias, protege la propiedad y respeta la presunción de inocencia. Es decir, es una ley proderechos humanos, proderecho de propiedad, pro derecho de presunción de inocencia, proderecho de defensa, proderecho a la tutela procesal efectiva y antiarbitrariedades, abusos y atropellos del Ministerio Público y de ciertos jueces. A usted no le pueden quitar sus bienes simplemente porque el fiscal presupone, tiene que haber una sentencia firme y un proceso de expropiación. Eso es inadmisible. Lo que pasa es que están usando como una bandera y en forma muy irresponsable este argumento de la lucha contra la corrupción y la lucha contra el crimen organizado para avasallar derechos de los ciudadanos. Y no solamente en los ámbitos del accionar común de la gente sino básicamente en el ámbito político y con este tipo de accionar tenemos una manipulación política.
