A diario, Jorge es testigo de cómo su vecino Nicolás agarra a golpes a su esposa y a sus hijos. Una vez, incluso, el matón le rompió el brazo a uno de sus niños.
Nicolás siempre saluda a Jorge con una sonrisa cómplice. Sabe que este último nunca se ha tomado el trabajo de denunciarlo a la policía. Y, sabe, además, que nunca lo hará.
¿No cree que hay algo repudiable en Jorge, una persona que es consciente de que las vidas de sus vecinos están en riesgo y, sin embargo, decide voltear la cara frente al peligro que enfrentan?
América Latina tiene gobernantes como Nicolás y Jorge. Unos que abusan de sus ciudadanos y otros que se hacen de la vista gorda.
Humala es un ejemplo de este segundo tipo de gobernante. Se abstiene de condenar al autoritarismo cubano, venezolano o ecuatoriano y además no tiene empacho en celebrar a sus líderes y reconocerlos como demócratas.
Algunas personas parecen creer que hay razón en actuar así. Sostienen que es mejor hacernos los locos, no comprarnos pleitos ajenos y velar solo por los intereses nacionales (me da la impresión, por ejemplo, que ese es el caso de Juan Carlos Tafur, quien señaló en su columna de ayer sobre este tema que él cree “en el pragmatismo”, pues piensa “que los intereses de Estado están por encima de las ideologías”).
Yo, sin embargo, considero que hay buenas razones para hacer nuestra esta pelea. Primera, porque es lo moralmente correcto. La misma razón por la que Jorge debería denunciar el maltrato que sufre la familia de Nicolás nos tendría que llevar a los peruanos a alzar nuestra voz contra el aniquilamiento de libertades que sufren, por ejemplo, los cubanos o los venezolanos.
Segunda, también hay una razón pragmática para denunciar a los regímenes antidemocráticos. El autoritarismo se contagia y no queremos que llegue al Perú. Todos sabemos cómo los Castro por años han tratado de propagar su ideología esclavizante a lo largo del continente y no cuesta mucho recordar cómo el chavismo ha venido usando sus petrodólares para que otras naciones hagan suya la retrógrada ideología bolivariana (cosa de la que nuestro país parece haberse salvado por un pelo). A las democracias nos conviene, en buena cuenta, que este virus no se esparza.
Tercera, hay una razón legal para tomar esta actitud. Nos comprometimos a defender la democracia cuando nos unimos a la OEA y cuando firmamos la Carta Democrática Interamericana (que de hecho fue una iniciativa peruana, sobre la base de la experiencia con el autoritario régimen de Fujimori)
Por supuesto, esto no significa romper relaciones con estos países. Los embargos comerciales, por ejemplo, históricamente no han probado ser efectivos restableciendo la democracia y, más bien, solo han funcionado como castigo tanto para los ciudadanos de las naciones que sufren el embargo como para los de las que lo imponen.
Pero lo que sí deberíamos hacer es actuar junto al resto de democracias de la región a través de la OEA para condenar estos hechos y hacer presión internacional. Además, debemos abstenernos de participar en iniciativas como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que solo sirven para legitimar los regímenes antidemocráticos. Y, finalmente, hay que dar un espacio a las voces disidentes y a quienes quieren escapar de aquellos países donde se atropella su libertad.
Publicado en El Comercio, 18 de febrero de 2014.
