Entrevista a Enrique Ghersi
Perú21, 4 de octubre de 2020
Los “adultos mayores” de 65 años tienen una vida económica y laboralmente activa. Sin embargo, el Gobierno los ha confinado en las cuatro paredes de sus casas por la pandemia, limitando sus posibilidades de salir, de trabajar, de producir, de vivir.
Ocurrió también en Colombia hace unos meses. Allí, el gobierno de Iván Duque restringió la salida de los mayores de 70 años y dio lugar a la llamada Rebelión de las Canas, que ahora parece que se replicará en nuestro país. El abogado y constitucionalista Enrique Ghersi ha presentado una acción de amparo para revertir esta situación y esta semana planteará una medida cautelar que le ponga fin a la obligada cuarentena.
Ha presentado una acción de amparo en favor de los adultos mayores y el gobierno ha publicado hoy (ayer) una norma que “flexibiliza” las restricciones para ese sector. ¿Cómo analiza la medida?
El decreto supremo, en realidad, es una medida muy pobre, limitada; no hay una flexibilización real. Lo único que establece es que los adultos mayores de 65 años tienen derecho a un paseo tres veces por semana durante 60 minutos; (…) las mascotas tienen más derechos en el Perú, pueden salir todos los días. Hemos presentado una acción de amparo para que cese toda restricción y que sin discriminación, respetando todos los protocolos sanitarios de distanciamiento social, y bajo su responsabilidad, los adultos mayores tengan los derechos de cualquier ciudadano.
¿Qué derechos se están vulnerando con estas restricciones?
No puede haber ciudadanos de dos categorías. En el Perú está prohibida la discriminación por edad, raza, sexo, género, y aquí se están violando los derechos a la libertad, a la libertad de trabajo, a la libertad individual, a la libre circulación, a la libre asociación y el principio establecido por el Tribunal Constitucional de razonabilidad.
¿En qué consiste ese principio de razonabilidad?
Todas las normas legales tienen que ser razonables, no pueden ser excesivas o abusivas. Los adultos mayores llevan casi siete meses de confinamiento y no hay razón para mantenerlos en sus casas, es un acto de gran crueldad.
El Gobierno, además, está desconociendo que se trata de un sector económica y laboralmente activo.
Así es, y que es muy importante. Hasta cuando hay una guerra se moviliza a oficiales retirados. En el Perú hay médicos, técnicos de enfermería que podrían estar colaborando activamente en la lucha contra la pandemia y no lo pueden hacer porque se les ha restringido a una cuarentena rígida que ha demostrado ser inútil.
¿Cuál es el trámite que seguirá esta acción de amparo y en cuánto tiempo se resolvería?
Presentamos la acción de amparo el viernes y la próxima semana presentaremos la medida cautelar correspondiente. Esperamos que el Poder Judicial conteste en no más de dos o tres semanas, (…) es una magnífica oportunidad para que el Poder Judicial demuestre que está al servicio del pueblo y dispuesto a restituir derechos constitucionales que están siendo injustamente limitados por el gobierno.
Esta restricción desconoce también el efecto negativo que la medida puede tener en la salud física y mental de estas personas.
Así es. Toda medida de gobierno tiene costos y beneficios, y el Poder Ejecutivo está en la obligación de revisarlos; aquí claramente los costos superan a los beneficios. Los cuadros depresivos y de ansiedad que produce un encierro prolongado e inútil, además de la angustia propia de la pandemia, les causa un grave perjuicio que se ve en el incremento de enfermedades neurológicas, problemas de Alzheimer que se aceleran, de demencia senil. Es sumamente injusto que el Ejecutivo discrimine de esta manera a los adultos mayores.
En Colombia el gobierno dispuso un confinamiento similar que provocó la llamada Rebelión de las Canas y derivó, finalmente, en la anulación judicial de la medida.
Ese fue el nombre con el que lo bautizó la prensa, que es muy poético pero tiene mucho sentido. En el Perú, con una acción de amparo no puedo dejar sin efecto un decreto supremo, pero estamos solicitando la inaplicación de estas normas porque son violatorias de los derechos constitucionales de las personas mayores. Los adultos mayores tienen el derecho de reincorporarse activamente como cualquier ciudadano. Mire la cantidad de candidatos presidenciales de 65 años a más. Con esto ninguno podría hacer campaña porque estarían prohibidos de salir a las calles.
Y, como ellos, hay miles de personas mayores de 65 que confirman que son una población activa, que no son parias…
Esta norma no soluciona el problema, lo agrava, porque, como ciudadanos libres en un Estado de derecho, tienen el derecho de realizar todo tipo de actividades que no supongan un riesgo de contagio por COVID. Restringirlos a una caminata de 60 minutos, tres veces por semana, es peor que un encierro, es una tortura.
DATOS
– Enrique Ghersi precisó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha determinado, en una opinión consultiva, que el confinamiento de los adultos mayores es una “restricción excesiva a la libertad individual”.
– El secretario general de la ONU, António Guterres, ha señalado que los adultos mayores merecen un apoyo mucho mayor.
