Entrevista a Elmer Cuba
Correo, 12 de abril del 2026
Clorinda Flores
Economista señala que la inestabilidad política que atraviesa el país en los últimos años ha hecho que se crezca a tasas que podrían haberse duplicado y tenido un impacto importante en la pobreza.
El economista y socio de la consultora Macroconsult, Elmer Cuba, considera en esta entrevista que desde hace diez años, el Perú tiene un régimen parlamentario, en el que el Congreso define la política económica y no el Ejecutivo.
Añade que la inestabilidad política es recurrente e impacta en el crecimiento de la actividad económica. Según sus cálculos, de no haber tenido ocho presidentes en 10 años, se hubiese podido crecer a tasas de 5% o 6% y la pobreza habría retrocedido a un dígito.
Estamos a puertas de un nuevo gobierno, pero en términos económicos ¿qué le ha significado al país tener una constante inestabilidad política con cambios de presidentes y de otros funcionarios?
Las crisis políticas en el Perú son recurrentes en toda la historia republicana. Pero recientemente, en los ochenta, las crisis políticas eran ministeriales, se agarraba a un mal ministro de Economía, de Interior o de Salud y caía el ministro. Así se resolvían las crisis políticas en los ochenta. En cambio, desde el dos mil hacia adelante, cayeron gabinetes. En la era Toledo hubo cinco gabinetes, con Alan García también. Humala ha tenido varios. Ahora, desde el 2016 en adelante, en los últimos diez años, las crisis son de otro calibre, son terremotos. Cae el gobierno completo, se van el presidente y todos sus ministros. Esto último sí tiene efectos en la economía porque atrasa toda la productividad estatal, se debilita. Todo el tema de las normas, del seguimiento, el cumplimiento de los planes de desarrollo sectorial se van truncando porque van cambiando muy rápido los funcionarios públicos.
Por esa inestabilidad política constante, a la economía del Perú se le ha pasado a denominar “economía zombie”.
Es un error pensar que no afecta. La inestabilidad política sí afecta, pues de lo contrario, la economía crecería 5% o 6%, pero crece 3%. La gente solamente mide el 3% y dice qué bien, no afecta, pero sí afecta.
¿Macroconsul tiene un estudio sobre qué tanto se habría reducido la pobreza en los últimos años sin la inestabilidad política que golpea al país?
En general, en los últimos diez años, en los últimos dos periodos presidenciales hemos tenido ocho presidentes, cuatro por cada periodo. Eso nomás per ha debilitado la burocracia y hecho que la economía crezca menos rápido. ¿Cuánto menos? Antes de esto crecíamos, con buenos precios de los metales, entre 5.5% y 6%. Ahora, se crece 2.5% o 3%, o sea, casi la mitad. Es el costo económico de la crisis política crecer a la mitad durante diez años.
De no haber tenido estas crisis recurrentes, ¿no tendríamos ese 25% o 26% de pobres en el país?
Estaría en 10% o 12%, siempre que se hubiese mantenido el ritmo de crecimiento hasta el año 2015 y no se caía a 2.5%. Si se hubiese mantenido en 6%, la pobreza estaría ahora en un dígito. Pobreza extrema sí habría porque hay nichos, nudos, digamos, muy complejos en la sierra que requieren una política explícita, pero la pobreza urbana estaría al mínimo. Después de la pandemia del Covid, la pobreza urbana se mantiene, pero con un crecimiento de 6% al año no sería así.
En términos económicos, ¿qué es lo más urgente que tendría que abordar el nuevo gobierno?
Antes que de economía, hay que hablar de estabilidad política porque no puede haber buena política económica si no hay estabilidad política. Tú puedes tener el mejor plan de gobierno pero te botan a los seis meses y no pasa nada. Los cimientos de una buena política económica es la estabilidad política, que el presidente dure los cinco años, que su ministro de Economía dure también los cinco años, en la medida de lo posible. Esto hará crecer la inversión, todos los procesos de APP y de concesiones comienzan a florecer y hay un avance. La mejor política es durar y si sobre esto se hacen reformas en infraestructura, salud y educación, la tasa de crecimiento crecerá en el mediano plazo.
Pero todo eso debe tener un acompañamiento equilibrado del Congreso, que este no se vaya por su cuenta, ¿no?
Claro, la idea es que el ganador tenga una coalición que le permita gobernar y avanzar en normas, que sigan lo que el Ejecutivo dice, no como ahora, en la que el Congreso hace lo que le da la gana y no lo que el Ejecutivo dice. Ya no tenemos un Gobierno presidencialista en el que se elige a un presidente para que ejecute la política económica, sino uno más de tipo parlamentario. El Congreso está ejecutando porque emite normas presidenciales.
Uno de los mayores problemas que se arrastra hace muchos años -y por el que no se hace nada- es la informalidad, ¿qué medidas debería tomar el siguiente gobierno para disminuirla?
Hay varios tipos de informalidad, cada una requiere políticas distintas. Por ejemplo, hay informalidad en pesquería, minería, industria, servicios, construcción. Cada una tiene diferente naturaleza; entonces hay que enfrentarla a un nivel más microeconómico. Solamente la laboral, requiere leyes transversales. Por ejemplo, el aporte de pensiones, el aporte a EsSalud, el Impuesto a la Renta a las personas. El régimen mype, por ejemplo, que tiene el RER (Régimen Especial a la Renta), que es malo, además del RUS, o sea, es un combo de medidas potentes. Las transversales, las que afectan a todos los sectores, solo son dos, tributarias y laborales. Hay normas sectoriales que empujan a ser informal, como la Ley de la Pequeña Minería.
Igual se necesitan leyes del Congreso…
Sí, todas necesitan una ley más calibrada para los sectores más pequeños. En cada sector económico hay empresas pequeñas, esta parte está bien lograda. Por ejemplo, en minería, la Ley MAPE. En agricultura también, para la industria también. O sea, en cada sector tienes empresas pequeñitas y se ha legislado mal para ellas.
¿Se tendrá un Senado que se espera tamizará normas que puedan ayudar a disminuir la informalidad?
El Congreso no tiene los equipos técnicos para hacer eso, tampoco el Ejecutivo. El nuevo presidente tendrá que solicitar mucha ayuda del mundo académico y de los gremios. Solo los académicos y los gremios tienen capital humano para hacer las reformas. Se tiene que apalancar en lo que más saben. Porque se puede tener buenas intenciones, pero son pésimas normas las que salen del Congreso porque muchas veces emite normas sin la opinión técnica de quienes saben. El Congreso está fuera de realidad y el Ejecutivo es muy timorato. Nunca hay buenas reformas en el Ejecutivo porque como el mandato es débil, no se atreve. Entonces, tienen que pedir ayuda a un tercer sector, que es el privado, que en el sentido amplio, son los gremios, los académicos, los estudiosos.
Esperemos que el nuevo gobierno no tenga una línea muy abierta a favor de la minería ilegal, actividad ligada la criminalidad…
Una de las fallas tectónicas de la política es esa. Si hubiese un referéndum y se pregunta a los peruanos si están a favor o en contra de la minería ilegal, ganaría quienes están en contra. Pero en la práctica, el presidente del Congreso favorece a una minoría. Esta es la gran falla de la democracia, o sea que no representa a la mayoría. Si se pregunta a la mayoría si quiere menos criminalidad, la mayoría diría que sí, pero en la práctica no es así. Eso es justamente porque la gente no estima mucho a la democracia porque votas, votas, votas pero nunca pasa nada. Si un señor me promete bajar la informalidad, yo voto por él pero una vez que sea presidente, tiene que cumplir su mandato. Esta parte está fallando. Se promete mucho y no hay rendición de cuentas porque la democracia peruana es débil. La democracia no es votar cada cinco años, significa rendir cuentas, transparencia.
Se necesita mejorar la institucionalidad, que falta hace mucho tiempo para ordenar el equilibrio de poderes y la formulación de leyes…
Tienen que alinearse los astros. Se requiere buena institucionalidad, buenos partidos y también buenas políticas. Las tres cosas, porque, por ejemplo, en los 80 teníamos buenos partidos, teníamos institucionalidad, pero malas políticas, o sea que no es tan sencillo porque los tres factores tienen que activarse.
¿Cómo enfrentar a la minería ilegal?
En el caso de la pequeña minería y minería artesanal, el grueso de unidades no son delincuentes, son gente que quiere formalizarse, pero no puede pasar la legislación. No se puede reprimir a personas que se sabe que no pueden cumplir la ley porque se le ha puesto una valla muy alta porque la norma está mal dada. Pero como el Estado sabe que la ley está mal, tampoco reprime (la ilegalidad) y queda en el limbo. ¿Cómo cortar ese círculo vicioso? Primero recalibrando la ley. Se necesita una nueva ley MAPE, recalibrada a la realidad de la pequeña empresa minera. Una vez que salga la norma, el que no la cumpla, desafiando la norma, recién se le reprimirá. Se necesita una buena Ley MAPE
La nueva Ley MAPE duerme el sueño de los justos…
Porque hay pequeños grupos que gozan con el estatus quo. Los píos se apalancan de los mineros buenos chiquitos que tampoco pueden cumplir la ley, que está mal dada. Hay grupos formales que sí la cumplen, hay grupos informales que no la pueden cumplir y los delincuentes en el medio. La ley no se puede cumplir, es mala, la dieron los gobiernos regionales, no tiene incentivos. Una vez que se reforme todo y se dé un tiempo de adecuación, se puede meter la mano fuerte del Estado, la fuerza de las fuerzas del orden.
