Por: Elmer Cuba, Economista, Socio de Macroconsult
El Comercio, 28 de febrero de 2019
El Comercio, 28 de febrero de 2019
Hoy en día existen cerca de 2,5 millones de peruanos mayores de 65 años. Aproximadamente 629 mil tienen una pensión fruto de su esfuerzo pensionario. Es decir, hicieron aportes para construir sus pensiones. De ellos, 543 mil pertenecen al maduro Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y los otros 86 mil al novel Sistema Privado de Pensiones (SPP). Además, cerca de 544 mil reciben una pensión de S/125 mensuales (en el 2018, la línea de la pobreza extrema fue de S/183). Esta transferencia, llamada Pensión 65, se conoce como régimen no contributivo.
En otras palabras, cerca del 53% de los adultos mayores no están cubiertos con una pensión para la vejez. En concreto, 1,33 millones de adultos mayores tendrán que vivir de sus otros ahorros, seguir trabajando o ser ayudado por familiares y amigos.
Lamentablemente, el futuro será aun peor si no hacemos algo al respecto. Efectivamente, los actuales cotizantes al SNP y al SPP son cerca del 10% y el 15% de la población económicamente activa empleada, respectivamente. Es decir, el problema, lejos de mejorar, puede empeorar. Pero esta vez serán 12,75 millones de personas (el 75% de una PEA ocupada de cerca de 17 millones) los que no tendrán acceso a una pensión.
Por ello, las políticas públicas deben enfrentar este problema que –con más certeza que el fenómeno de El Niño– vendrá en los próximos años. Por si fuera poco, el SNP enfrentará los problemas típicos de todo sistema de reparto al cambiar la composición demográfica del país. Mientras que al SPP, el Congreso en el 2016 le eliminó la segunda ‘p’, al dejar la decisión de tener pensiones en manos del “pensionista”.
Mención aparte merece el SNP. Si los aportantes no llegan a los 20 años de aporte, no recibirán pensión alguna. En principio, es correcto que no reciban una pensión mínima al no alcanzar los aportes requeridos para recibir la misma. Pero la injusticia radica en que reciban cero; contribuyendo a financiar a los jubilados de más altos ingresos relativos, que son los que superarán los 20 años de aporte. De paso, terminan subsidiando al Ministerio de Economía y Finanzas, cuyos aportes del tesoro al SNP disminuyen en esa proporción. La probabilidad de no recibir pensión alguna es cercana al 24%, según la ONP. Esta norma es regresiva. Se debería devolver el dinero si no cumplen los 20 años.
Hasta aquí debe quedar claro que el problema central de las pensiones es la cobertura.
Un segundo problema es la suficiencia de la pensión. Es decir, el monto de las pensiones. En el caso de la SNP, la pensión mínima mensual (14 meses) es de S/415 y la máxima de S/857. En el caso del SPP dependerá –entre otros– del número de años de aporte, que podría estar cercano al 50% del período de contribución, lo que redundará en una relativamente baja pensión. Aún no se observa al jubilado “puro”, ya que el sistema lleva 26 años y se espera que los aportes sean de unos 40 años.
Un tercer problema es la estructura de mercado que se ha formado en la industria de AFP. Hay muchas alternativas en la caja de herramientas del economista. Desde una mayor competencia que puede desarrollar la propia SBS (por ejemplo, a través de una app) informando trimestralmente sobre las comisiones y la rentabilidad para facilitar el traslado de AFP hasta subastas mayores a las actuales; y desde una AFP pública (planteada en Chile) hasta la regulación de las comisiones por un ente regulador, como indica la teoría económica cuando existen oligopolios por costos hundidos estratégicos.
Las pérdidas de los fondos de pensiones durante el 2018 han ocupado recientemente mucha cobertura mediática. Buena parte de esa pérdida se debió al muy mal desempeño de las principales plazas bursátiles internacionales ocurridas en diciembre. Sin embargo, en lo que va del año se ha observado una recuperación de la rentabilidad. Por otro lado, no es comparable el rendimiento de un depósito bancario con un fondo de pensiones. Los riesgos son muy distintos.
Encuadrar las noticias puede llevar a respuestas viscerales del público y a ciertos políticos a intentar llevar agua para su molino, usualmente en desmedro de las grandes mayorías. Tal como ocurrió con la llamada ‘ley 95,5’ en el 2016, un masivo acto de demagogia y populismo, cuando el partido de gobierno estaba debilitado y no fue suficiente que el Ejecutivo observase esa ley.
La evidencia futura mostrará que se debe revertir esa medida en aras del bienestar de los jubilados. Haría bien el gobierno en retomar el esfuerzo iniciado por la Comisión de Protección Social, que contiene un buen diagnóstico al respecto, aunque algunas de sus propuestas deben ser reevaluadas y mejoradas.
