Por Elmer Cuba, Socio de Macroconsult
Gestión, 10 de enero de 2018
A principios de los 90 la economía peruana sufrió cambios estructurales que alteraron el modo de asignación de recursos vigente hasta antes de las reformas. En un régimen de precios libres, se ejecutaron reformas comerciales, financieras, laborales y de la actividad económica del Estado. Asimismo, se reformó la ley que gobierna la actuación del Banco Central. Las leyes de responsabilidad fiscal demoraron hasta fines de esa década.
En las siguientes dos décadas se consolidó el manejo monetario y fiscal y se registraron avances en políticas de alivio a la pobreza, organismos reguladores de industrias con ciertas características de fallas de mercado y un esbozo de políticas de desarrollo productivo.
En general, las otras políticas económicas entraron en un estancamiento ante las dificultades propias de su mayor complejidad y la falta de respaldo político al más alto nivel. Nos referimos al resto de políticas públicas no macroeconómicas. El diseño y puesta en marcha de estas políticas son más difíciles que estabilizar la economía o –digamos- bajar aranceles. Se requiere más burocracia profesional y mejora continua de políticas, mientras que los resultados son más lentos.
La ejecución de estas políticas públicas no ha estado a la altura del manejo puramente macroeconómico, que ha destacado en los últimos 25 años. Como se ha podido constatar, para seguir con el proceso de desarrollo económico, no basta con un cuadro de estabilidad macroeconómica.
Un reto crucial para el desarrollo del territorio son las desigualdades regionales, que en lugar de verse reducidas, se han venido ampliando en los últimos años. El Perú está formado por 24 departamentos y sobre la base de ellos se han “creado” 26 regiones político administrativas (en Lima está Lima Provincias, Municipio de Lima Metropolitana y la Provincia del Callao).
Al agrupar los 24 departamentos en 3 grupos, tenemos que el primero de ellos viene registrando un incremento importante del PBI per cápita, sobrepasando al promedio de un país como Chile (miembro de la OECD), mientras que los otros 2 grupos presentan en promedio un PBI per cápita cercano a Bolivia, uno de los países más pobres de la región.
Cualquier estrategia de desarrollo debe plantearse seriamente el problema laboral, tomando en cuenta los bajos niveles de productividad de las micro y pequeñas empresas. Esta es la realidad laboral nacional: ingresos mensuales promedio de S/ 1,372, con una mediana de S/ 982.
Finalmente, las políticas educativas no están respondiendo a la era del conocimiento y la globalización. En décadas, el Estado peruano no ha tenido capacidad de respuesta ante el reto de igualar las oportunidades. Estamos fabricando los pobres y los vulnerables del futuro.
Con el “nuevo” gabinete el Gobierno tal vez tenga su última oportunidad para darle contenido a la -hasta ahora- vacía frase de “revolución social”. Necesitamos una visión más ambiciosa de cómo quiere entregar la posta en el 2021.
