Por: Elmer Cuba
Gestión, 9 de agosto de 2018
Cuando las personas y las empresas no pueden resolver sus conflictos (aunque un grupo de éstas tiene la opción del arbitraje) acuden al poder judicial. La independencia de este poder es crucial en todo estado de derecho. Esta independencia permite que se imparta justicia al margen influencias o privilegios de los otros poderes del estado.
El justiciable es el usuario de este servicio público. Este usuario recibe un mal servicio. Un servicio plagado de corrupción en muchas instancias del proceso, tardío, muchas veces impredecible y percibido como injusto.
Cada día se inician y resuelven varios miles de casos en el poder judicial. Miles de juicios por alimentos, sucesiones, desahucios, robos, asesinatos, estafas, asuntos comerciales, pensionarios, etc. Los costos económicos agregados de un mal servicio de justicia no se conocen pero pueden afectar de un modo importante el bienestar de las familias y la eficiencia económica del sistema productivo, al generar costos de transacción elevados para el tamaño de la mayoría de las empresas peruanas.
Los audios difundidos desde hace algunas semanas y los que seguirían saliendo han puesto en evidencia de toda la ciudadanía, lo que los usuarios del sistema ya sabían. Es decir, la existencia de corrupción e injusticia muy extendida en el sistema judicial. Los usuarios del sistema son una minoría, por ello su impacto en la opinión pública ha sido mayor y puede ser -en el mejor sentido del término- capitalizado por los otros dos poderes del Estado. La mesa está servida.
La ventana de oportunidades para la reforma está abierta y hay que apurar el paso para que ésta no sea cerrada por los beneficiarios del statu quo: los delincuentes y algunos malos administradores de justicia. La independencia del poder judicial se refiere a que todos somos iguales ante la ley, al margen de ser miembros del poder ejecutivo o legislativo. La independencia no se refiere a que este poder del estado brinde un servicio deplorable al ciudadano y los otros poderes no hagan nada
Es un falso dilema pensar que una reforma profunda puede ser hecha sólo desde adentro, algo que no se ha constatado en la realidad, o que pueda ser hecha sólo desde fuera del sistema. En realidad se requiere de ambos componentes.
Los dos poderes del estado, legislativo y ejecutivo juntos, pueden hacer la reforma de este otro poder. Con nuevas leyes de rediseño del sistema y presupuesto por resultados (que asegure mejoras sustanciales en la administración de justicia). Esto último asegura la participación del propio sistema judicial.
El poder judicial carece de indicadores públicos de desempeño para poder exigir recursos a cambio de logros. Por ejemplo, las 35 cortes superiores de justicia podrían reportar de manera anónima los tipos de casos que resuelven, los tiempos de duración de cada proceso y la severidad de los fallos. Así, la gerencia del poder judicial podría saber cuáles son las mejores cortes, qué jueces son los más eficientes, qué casos requieren más especialistas y la desviación de fallos para casos similares. Estos últimos indicadores podrían servir para ver qué jueces están en las colas de la distribución y ser sujetos a mayor seguimiento.
Al final la justicia no es más que un servicio público y debe ser prestado con calidad. Pero es también consustancial al estado de derecho y a la legitimidad de la democracia.
