Elmer Cuba, Socio de Macroconsult
Gestión, 11 de abril de 2018
La inminente vacancia de la Presidencia de la República por incapacidad moral permanente gatilló la renuncia de PPK. Ello, luego de la aparición de videos que mostraban propuestas de canje de votos antivacancia contra beneficios económicos que implicaban el uso de recursos públicos.
Una diferencia crucial entre el Gobierno de Vizcarra y el de su predecesor PPK –a juzgar por las declaraciones de congresistas de diversas bancadas– será la colaboración política entre el Congreso de la República y el Ejecutivo. Si bien antes se observaron ciertos niveles de colaboración en temas económicos, ahora la colaboración sería más fuerte. Y duraría por lo menos hasta el inicio de la campaña electoral del 2021, cuando la política se ponga en “modo” de competencia. Es decir, habría un periodo en “modo” de cooperación hasta –digamos– julio del 2020.
Si el Gobierno entrante es consciente de esta nueva realidad política, puede diseñar y ejecutar reformas y políticas económicas sustanciales más allá de solo contentarse con mantener el statu quo.
Esta especie de paz política por varios trimestres es –en sí misma– la principal medida reactivadora de la inversión privada. Si a ello le sumamos reformas económicas de más amplio espectro y de mayor alcance, comenzaríamos a elevar los pronósticos de la actividad económica. Pero para ello hay que esperar a la presentación del Gabinete Villanueva ante el Congreso.
En esta línea, los ministros deben planear para un horizonte de tres años, comenzar por lo urgente –que los validaría ante la opinión pública–sin descuidar lo importante, que aumentaría el PBI potencial y observado y mejoraría el bienestar de los peruanos Los únicos factores que atentarían contra este mejor escenario son tres. Una crisis externa por una guerra comercial y financiera entre EE.UU. y China, diversas protestas sociales de distinto calado y mal manejadas por el Ejecutivo y débiles o deficientes políticas públicas llevadas a cabo por el mismo.
Se requiere reformas económicas en anticorrupción, la política fiscal/ tributaria, los mercados laborales y las políticas de salud y educación. Por espacio, nos referiremos a la fiscal/tributaria.
Una reasignación del gasto público corriente permitirá mejores resultados de gestión. Un relanzamiento de la inversión pública (cuidando el 2019 cuando entren la nuevas autoridades subnacionales) apuntalaría la reactivación económica. Mientras que una reforma tributaria implica cambios en las políticas tributarias y una reducción en la evasión de IGV y renta, que llevaría a una consolidación fiscal a partir del 2019.
Los gastos tributarios (exoneraciones) merecen una mejor evaluación. No solo las vinculadas a la Amazonía, que son las menos importantes en magnitud. Es mucho más costoefectivo un gasto directo que una exoneración de amplio espectro. En las actuales exoneraciones se filtran agentes que “no necesitan” la exoneración y agentes que no reciben los beneficios (subcobertura) y mucha pérdida de recaudación por diversos mecanismos.
En resumen, para pasar de la “revolución social” de PPK al “pacto social” de Vizcarra se necesita más contenido, para que dejen de ser frases vacías. La población está impaciente.
