Por: Elmer Cuba
El Comercio, 29 de abril de 2020
Dada la precariedad de nuestro sistema de salud frente a la pandemia del COVID-19, el Gobierno Peruano inició acertadamente una cuarentena general de ocho semanas, que fueron anunciadas dosificadamente cada dos semanas. Así, se compraba un tiempo valioso para aumentar la oferta de salud, lo que incluía la adquisición masiva de pruebas PCR y el acondicionamiento de camas y camas UCI, con los ya famosos respiradores mecánicos, en los hospitales. Esperemos que el costosísimo tiempo comprado haya sido suficiente para estos propósitos.
Cerca del 70% de la actividad económica ha sufrido directa o indirectamente por el apagón económico. Solo han continuado operando sectores clave, en su gran mayoría del sector formal laboral (salvo la agricultura del mercado interno). Como esto es muy costoso, teníamos que asegurarnos de que el esfuerzo tuviese éxito en aplanar la curva de contagios.
La idea era lograr reducir la tasa básica de contagio (Ro, el número de contagios por persona contagiada) para evitar un alza exponencial de casos que provoquen finalmente decesos masivos ante la falta de respuesta de la oferta de la salud pública.
Para la población ingresos se verían severamente afectados y que no tuviese ahorros con los cuales enfrentar una pérdida transitoria de ingresos, al menos por el período del apagón, se diseñó un bono de alimentos, Su buen diseño era crucial para sostener la cuarentena con el relativo éxito. Esta era una especie de transferencia condicionada a quedarse en casa, Para una mayoría de peruanos no bastaban los eslóganes como “Hazlo por el Perú”. Había que actuar rápido y hacer lo que fuera necesario.
Así, se escogió en un principio a 2,7 millones de hogares urbanos pobres y cuasi pobres para recibir un bono de 380 soles, que era el cálculo solo para dos semanas de una canasta básica de alimentos. Ello tendría que darse cuatro veces, a fin de evitar la fatiga de ocho semanas de cuarentena. Lamentablemente, no fue así y la gente salió. Luego, se creó el bono 760 para los independientes, unos 800, 000. Finalmente, se creó el bono rural dirigido a 1,1 millones de familias. En total, 5,6 millones de familias. Algo tarde, el Gobierno cayó en la cuenta de que había una fuerte subcobertura y anunció la semana pasado un bono cuasi universal, excluyendo a los trabajadores en planilla (también se debería excluir a los pensionistas).
En general, todos estos bonos tendrían que otorgarse por lo menos las semanas de duración de la cuarentena, para asegurar el éxito de la misma. Aún no se termina de entregar el primer bono, se está comenzando a entregar el segundo bono. El bono independiente iba al 50% hace una semana y el rural comenzaba esta semana.
El Gobierno ha usado equivocadamente -a juicio de este columnista- criterios de focalización en lugar de buscar cobertura. Van una ideas al respecto.
En grueso. Tomemos a la población económicamente activa (una proxy puede ser la población en edad de votar, menos los estudiantes y jubilados) y restémosle a los formales privados y públicos que están en la planilla electrónica, a los independientes que declaran rentas de cuarta categoría y a los dueños de las empresas individuales de responsabilidad limitada. Entonces, nos quedaremos con los trabajadores informales laborales y los independientes sin RUC (90%). Todos ellos constituyen como 11 millones de personas. Asumiendo que hay 1.8 perceptores de ingreso por familia, tenemos casi 6.1 millones de familias. No más.
Las “familias” pueden ser unipersonales o de –digamos– siete personas. Por ello, en este caso es mejor entregar el bono a los perceptores de ingresos. Ellos pertenecen a las familias. No rompamos ese equilibrio (ingresos/gastos familiares) que por algo ya existe. Y la condicionalidad es sencilla. Los perceptores de ingresos reciben el bono individual de S/200 cada quincena (equivalente al 380 familiar) sujeto a una declaración jurada de ingresos mensuales (por facilidad cognitiva) y a la promesa de no salir más allá de lo necesario en la cuarentena. Solo tendrían que realizar un procedimiento minimalista ante la SUNAT (o cualquiera de los sitios web que han sido habilitados para los bonos) consignando sus nombre, DNI, número telefónico e ingreso mensual medio. Una declaración jurada, con todo lo que ello supone en lo legal.
¿No queremos formalizar? Aquí tenemos un poderoso instrumento para fines administrativos y de políticas públicas. Oro en polvo para la SUNAT, el MTPE, el MIDIS y el sistema financiero. Al ser voluntario, además, inhibe a los informales con ingresos “altos” (que incluye a las actividades ilegales como el narcotráfico, la tala ilegal, la minería informal, el contrabando, etc.), lo que será de utilidad para la SUNAT. Quedarán también al descubierto los que no quieran salir de la informalidad (numéricamente son menos, pero son). Y se podrá cruzar la información con los sistemas de RUS y RER, con los viajes al exterior, etc.
Los ciudadanos peruanos, así como reciben los beneficios del gasto público en educación, salud, seguridad, entre otros, deben también –una vez al año– declarar sus ingresos promedio mensual. No decimos pagar sus impuestos, pues la enorme mayoría (¿95%?) estará muy por debajo del ingreso imponible. El no declarar ingresos debe estar sujeto a las mismas reglas de no votar en las elecciones. Debe de ser parte de la ciudadanía.
Se puede aplicar ahora y/o en la siguiente cuarentena (si tuviese que darse). ¿Quieres el bono “Quédate en casa”? Declara tus ingresos mensuales y promete que guardarás cuarentena. Una herramienta, además, baratísima si vemos los costos que ocasionará la pérdida de PBI en el 2020 y el 2021 contra un escenario sin COVID-19.
