Por: Eduardo Morón, Presidente de Apeseg
Gestión, 21 de abril del 2022
“Empecemos a que sea normal que decisiones de política económica se hagan basadas en la realidad y no simplemente escuchando a la plaza o leyendo la última encuesta”.
Las historias para que sean interesantes deben tener una trama intrigante. La historia sobre la fijación del nuevo salario mínimo en el Perú es, hace rato, tan original como letra de reggaetón: el mismo rollo se repite una y otra vez. El Gobierno de turno en algún momento necesita ganar un poco de apoyo popular y como sea aprueba un nuevo valor para la remuneración mínima. Los gremios se quejan, las mypes protestan, los sindicatos aplauden, los académicos argumentan, la oposición reclama, el oficialismo se defiende y así hasta la próxima vez.
Esta semana el Congresista Cavero ha propuesto reformar el proceso de cómo se toma esta decisión, donde incluye una serie de indicadores que se deben tomar en cuenta, así que me parece interesante traer a la discusión cómo se hace donde sí funciona. Así que recurro al Reino Unido, cuna de una administración estatal eficaz.
Cuando uno mira lo que hacemos en Perú para tomar esta decisión versus lo que se hace en el Reino Unido encuentra dos grandes diferencias: (1) quién propone y quién dispone; (2) lo que no hacemos. La composición de la Low Pay Commission (como se llama en UK el grupo) tiene empresarios, trabajadores, pero no está el Gobierno, sino académicos independientes. Este grupo le informa -con seis meses de anticipación su recomendación al Gobierno, quien define finalmente si acepta o no la propuesta (el Gobierno británico lo hace). En Perú, el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) es, más bien, la típica institución tripartita, pero que además tiene un mandato superamplio. Opina sobre todos los temas de política laboral y una tarea más es la de ver el tema de salario mínimo. Esta falta de foco no ayuda. Creo que sería bueno sacar este tema del CNTPE.
El segundo tema de diferencias es lo que no hacemos con respecto a la comisión británica. ¿Qué es lo que no hacemos? Nadie se preocupa de evaluar las consecuencias no deseadas de las decisiones adoptadas. Por ejemplo, de repente el aumento aprobado fue excesivo y provocó una caída en el nivel de empleo formal en empresas con menos de un año de creación. O de repente terminamos afectando a un segmento de la fuerza laboral que ya tiene las cosas complicadas como los jóvenes que recién se incorporan al mercado laboral y que la mayoría solo encuentra trabajos informales. De repente la buena noticia es que el aumento estuvo tan bien calibrado que no redujo el ritmo de crecimiento del empleo formal en el sector restaurantes y turismo, que ya venía golpeado por la pandemia. Nada de eso importa en la decisión, pero esto ocurre por un mal diseño de cómo se toma la decisión. Los invito a revisar en la página web de la Low Pay Commission la variedad y calidad de investigación que se hace para que la decisión sea técnicamente bien hecha.
Pero en Perú la discusión no es técnica, porque no parte de un ente técnico. Además, el hecho de que en lugar de tener una discusión cada año o cada dos, la discusión -como ya dijimos- nace de una necesidad política (en algún momento) del gobierno de turno.
Un punto final de reflexión. La herramienta de fijar una remuneración mínima es un instrumento bastante impreciso que debe ajustarse a la enorme heterogeneidad de empresas del país. Entonces, la decisión de subirlo o no, y la de cuánto subirlo, deben ser evaluadas desapasionadamente. Podemos estar afectando a más trabajadores que a los que ayudamos. Empecemos a que sea normal que decisiones de política económica se hagan basadas en la realidad y no simplemente escuchando a la plaza o leyendo la última encuesta.
