Por: Eduardo A. Jiménez Sánchez, Jefe del Sistema de Información de Macroconsult
Gestión, 1 de julio de 2020
Este 2020, el PBI per cápita caería 15% y la tasa de pobreza se elevaría un 27%. Esto significa que la economía peruana va a volver a los niveles de desarrollo que tenía alrededor del 2012.
Aunque se espera que el PBI se recupere relativamente rápido (hacia el 2022), los impactos que va a generar esta crisis del covid-19 son mucho más complejos. Primero, es muy probable que el Gobierno tenga que echar mano de los ahorros que tiene a su alcance para poner en marcha un plan de reactivación económica en la segunda parte de este año, para tratar de evitar que tengamos una recesión que se prolongue más de lo esperado. Así, es altamente probable que el Gobierno gaste el dinero del que dispone en el Fondo de Estabilización Fiscal (alrededor de US$ 5 mil millones) y haga algunas emisiones en los mercados internacionales. Este accionar sin duda, afectará la buena percepción que sobre el Perú tienen los mercados financieros, encareciendo el costo del fondeo para el Gobierno y las empresas peruanas. Aunque, sin duda, mantendrá su condición privilegiada en la región.
En el plano social, esta crisis va a afectar la acumulación de capital humano de nuestro país. Por un lado, muchas familias en situación vulnerable, ante la imposibilidad de trabajar, habrían visto comprometida la provisión de alimentos en sus hogares, elevando con ello la desnutrición y la anemia, lo que complica, finalmente, la capacidad de aprender de sus miembros en edad escolar.
Las estadísticas de empleo para Lima Metropolitana dejan ver parte del drama: 2.3 millones de personas se han quedado sin empleo. De otro lado, muchos niños y adolescentes han perdido valiosas horas de clases, ya sea porque cuentan con los dispositivos para tomar las distancias o porque simplemente se encuentran en zonas sin cobertura de televisión o Internet. Recordemos que en el 2017 también se interrumpieron las clases producto de El Niño.
También vamos a ver un importante salto en la informalidad laboral, que se encontraba, al cierre del año pasado, en alrededor del 70%. Muchas unidades productivas que se movían en el límite de la formalidad optarán por hacerse completamente informales, buscando reducir costos y sobrevivir. Esto ocurrirá, sobre todo en Mypes, afectando a sus trabajadores. Lo poco que hemos progresado en 15 años se borró en unos cuantos meses.
Toda esta problemática implica un gran reto para lo que queda de este Gobierno, pero, sobre todo, para el siguiente. El actual Gobierno deberá tratar de dejar la casa en orden. El siguiente, deberá mejorar las cuentas fiscales, mejorar la gestión de programas sociales (con un mayor énfasis en las ciudades, que son las que se han visto más afectadas) y dar medidas creativas para evitar que la informalidad siga creciendo. A nosotros, como electores, nos toca elegir un gobierno responsable.
