Por: Diego Macera, Gerente General en el Instituto Peruano de Economía (IPE)
El Comercio, 1 de marzo del 2022
“En su agenda laboral, el Ejecutivo ha demostrado trabajar sistemáticamente en favor de aquellos pocos ‘privilegiados’ a los que en otros espacios denuesta”.
Se sabe de sobra que el problema de poner el énfasis del Estado en alcanzar una igualdad irrestricta entre las personas es que bien se puede igualar, también, para abajo. Por supuesto, no es esto a lo que la gente se refiere usualmente cuando habla de equidad, pero con este enfoque es inevitable dejar la sensación de que iniciativas que perjudican a unos más de lo que benefician a otros son aceptables siempre que los primeros partan de una mejor posición que los segundos. Si la preocupación es la inequidad, lo deseable, lógicamente, es que las condiciones mejoren para todos, y con mayor velocidad para los que parten en desventaja.
Pero la oportunidad política que ofrece agitar de forma irresponsable estas banderas no suele pasar desapercibida. Así, desde el inicio, el Gobierno adoptó un tono que más bien buscó polarizar a distintos grupos de la sociedad. En su identificación con “el pueblo”, Perú Libre y el presidente Pedro Castillo han promovido un discurso de antagonismo de pobres contra ricos, Lima contra provincias, legado colonial contra legado indígena, y cualquier otra forma de confrontación que les sea funcional.
Hay, por lo menos, un caso, no obstante, en el que el supuesto discurso de apoyo y reivindicación para el desaventajado funciona exactamente al revés de cómo el Gobierno piensa que funciona. En su agenda laboral, el Ejecutivo ha demostrado trabajar sistemáticamente en favor de aquellos pocos “privilegiados” a los que en otros espacios denuesta. En otras palabras, por desconocimiento e intereses, el Gobierno se ha aliado a la causa “contraria”.
El primer ejemplo es su insistencia en elevar la remuneración mínima vital (RMV). Por construcción, esta solo alcanza a los trabajadores formales dependientes –que ya son pocos y son justamente los que gozan de todas las protecciones legales–. Más aún, dentro de ese universo minoritario, afecta solo a aquellos que están cerca del salario base. Con esas acotaciones, un incremento de la RMV beneficiaría a aproximadamente 1 de cada 25 trabajadores peruanos. Al mismo tiempo, al elevar la valla de ingreso mínimo, el Gobierno reduce las posibilidades de acceder a un trabajo formal de aquellos que hoy son informales; o sea, de la gran mayoría. En países con alta informalidad, el uso de la RMV como herramienta de promoción de igualdad es posiblemente la política peor entendida de todas. Favorece a los pocos que tienen y perjudica a los muchos que no tienen.
Una reflexión muy similar puede hacerse con la propuesta para duplicar el costo por despido arbitrario de un mes y medio de sueldo por año trabajado a tres meses de sueldo por año trabajado, según destacó el diario “Gestión”. La iniciativa incluiría también eliminar el tope máximo de 12 remuneraciones (que se alcanzan luego de ocho años de trabajo). La norma, nuevamente, insiste en otorgar beneficios al mismo subgrupo de trabajadores que ya tienen de su lado las 1.838 páginas del Compendio de Normas Laborales del Régimen Privado. No es necesario ser economista para entender que, al limitar y hacer más cara la contratación formal, la idea del MTPE les cortaría oportunidades a los vulnerables e informales.
Finalmente, el reciente despropósito del MTPE que limita la tercerización de labores iría en el mismo sentido. Cuando una idea similar se aplicó en Ecuador durante la administración del presidente Rafael Correa –supuestamente, con el fin de “evitar la explotación laboral”– el resultado fue que, del millón de trabajadores empleados bajo esquemas de tercerización e intermediación, apenas el 20% fue contratado directamente. El resto, la gran mayoría, bien gracias.
En términos laborales, el Gobierno simplemente no se ha dado por notificado de que este es un país con alta informalidad y productividad limitada. La consecuencia es que las políticas “reivindicativas” que –según el MTPE– benefician a los trabajadores, en realidad perjudican a la mayoría de ellos. No deja de ser paradójico que un Gobierno que dice trabajar por la igualdad, “por el pueblo”, haga una regulación que beneficia a los pocos que ya tienen algún nivel de ventaja. ¿No era al revés?
