David Tuesta
Perú21, 5 de febrero del 2025
«El riesgo de transformar una política de inclusión en un mecanismo de exclusión y división social ha sido advertido por diversos pensadores».
El concepto de “inclusión” ha ganado un espacio central en el discurso económico y social. Desde la perspectiva del “crecimiento inclusivo”, promovida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), se entiende que el desarrollo económico debe asegurar que los beneficios del crecimiento económico lleguen a todos los ciudadanos, asegurando que más personas tengan acceso a oportunidades económicas y bienestar. En este sentido, por ejemplo, iniciativas como la “inclusión financiera” han demostrado ser herramientas valiosas para ampliar el acceso a servicios bancarios y promover el emprendimiento. Sin embargo, como ocurre con cualquier concepto, su aplicación indiscriminada o ideologizada puede generar efectos contrarios a los deseados, llevando a distorsiones que terminan perjudicando a la sociedad en su conjunto.
El riesgo de transformar una política de inclusión en un mecanismo de exclusión y división social ha sido advertido por diversos pensadores. John Stuart Mill, por ejemplo, señalaba que “las buenas intenciones no bastan si no se acompañan de un análisis racional de sus consecuencias”. Es precisamente esta falta de racionalidad lo que puede convertir una política inclusiva en un factor de fragmentación y conflicto social. Un ejemplo claro de esto es la propuesta de modificación de la pregunta de “autoidentificación étnica” en el próximo Censo Nacional 2025 del INEI, la cual ha generado preocupaciones sobre los retrocesos a generarse en la inversión privada, el crecimiento económico y la lucha contra la pobreza.
Según un documento de análisis sobre el censo, la modificación de la pregunta sobre autoidentificación étnica parece responder a una instrumentalización política. Por ejemplo, la decisión del INEI de excluir la categoría «Mestizo» como una opción visible en el cuestionario tiene implicancias directas en la representación de la población. En efecto, en el censo de 2017, el 60% de los peruanos se identificó como mestizo, mientras que las categorías indígenas sumaron el 25%. Sin embargo, la nueva metodología obligará a que aquellos que se identificaban como mestizos se redistribuyan en otras categorías, lo que podría artificialmente aumentar la población clasificada como indígena.
Esta manipulación del censo no es un simple cambio administrativo, sino que tiene consecuencias económicas y políticas significativas. La ampliación artificial de la población indígena puede llevar a un aprovechamiento ideológico para expandir la expansión del ámbito de aplicación de la Consulta Previa afectando la toma de decisiones sobre inversiones y proyectos de infraestructura. ¿La consecuencia? Más trabas burocráticas y mayor incertidumbre para la inversión privada que afecta directamente el desarrollo de sectores clave como la minería, la energía y el transporte.
El problema con este tipo de inclusiones forzadas es que generan distorsiones que afectan tanto la eficiencia de las políticas públicas como la percepción de legitimidad del Estado. Dicho esto, la mejor alternativa no es eliminar la pregunta de autoidentificación, sino despolitizarla y diseñarla con criterios técnicos, comparables a los estándares internacionales. En países como Brasil, Argentina y Bolivia, se formulan preguntas más neutrales, evitando el sesgo que actualmente se observa en la propuesta peruana.
En conclusión, la inclusión es un objetivo legítimo y deseable, pero cuando se impone sin criterios lógicos ni técnicos, puede convertirse en una herramienta de exclusión y división que terminan golpeando al final a los más pobres. El caso del censo 2025 es un ejemplo de cómo una política pública mal diseñada puede generar impactos negativos en la estabilidad institucional y el desarrollo económico del país. La verdadera inclusión debe basarse en la representación fiel de la realidad y no en estrategias políticas que buscan manipular los datos para favorecer agendas particulares.
