David Tuesta
Perú21, 27 de junio del 2024
Entre 2019 y 2023 se han registrado avances significativos, pero también desafíos persistentes en la gestión pública de inversiones en el país, sostuvo el también presidente del Consejo Privado de la Competitividad.
Imaginemos por un momento a Sísifo, aquel personaje de la mitología griega condenado a empujar una enorme roca cuesta arriba, solo para verla rodar de nuevo hacia abajo una y otra vez. Este mito refleja con precisión la situación de las obras públicas y las Asociaciones Público-Privadas (APP) en el Perú, donde la burocracia y la falta de planificación adecuada han convertido la ejecución de proyectos en una tarea titánica e interminable.
Entre 2019 y 2023 se han registrado avances significativos, pero también desafíos persistentes en la gestión pública de inversiones en el país. Durante este periodo, se crearon más de 71 mil proyectos nuevos donde 92% tenía un costo menor a S/5 millones, evidenciando una peligrosa atomización de la inversión, lo que se confirma con una tasa de discontinuación y finalización. Es escandaloso observar que entre 2012 y 2020, donde se inició la ejecución de 141 mil proyectos, solo el 12% han sido finalizados; o sea ¡el 1% cada año! ¿Qué brecha social se puede cerrar así?
Los gobiernos locales, en particular, enfrentan enormes dificultades. En el primer trimestre de 2024 existían más de 2 mil obras paralizadas a nivel nacional, siendo los gobiernos locales responsables del 73.8% de estas obras. La falta de recursos financieros y liquidez son las causas principales de esta parálisis, afectando más de la mitad de las obras ejecutadas por administración directa.
Las APP, una herramienta diseñada para agilizar y mejorar la ejecución de proyectos, tampoco han escapado a este destino. Entre 2018 y el primer trimestre de 2024, se adjudicaron 16 proyectos de APP por Proinversión. Sin embargo, los plazos entre el inicio y la firma de contratos son excesivamente largos, llegando a promediar casi 8 años para las iniciativas privadas y 5 años para las estatales.
¿Qué podemos hacer para cambiar este ciclo interminable? Es crucial que el MEF retome su rol en la orientación de recursos públicos hacia proyectos prioritarios, tomando en cuenta la capacidad de ejecución de las unidades ejecutoras. Además, se sugiere implementar mecanismos distintos a la Ley de Contrataciones, que incorporen las mejores prácticas internacionales para obras de gran envergadura como el Proyecto Especial de Inversión Pública (PEIP) en el sector educación, que en 2023 ejecutó el 96.3% de sus recursos.
Para aquellos sectores con retrasos significativos en APP, se recomienda iniciar un proceso de acreditación para demostrar su capacidad real de llevar a cabo estos proyectos. En casos donde no se encuentre esta capacidad, Proinversión debería asumir responsabilidades, como la elaboración de bases del concurso hasta el inicio de la fase de ejecución contractual.
Al final del día, no podemos permitir que la piedra siga rodando cuesta abajo. Necesitamos un cambio estructural que simplifique los procesos, mejore la asignación de recursos y acelere la ejecución de proyectos. Solo así podremos romper la maldición de Sísifo.
