David Tuesta
Perú21, 16 de octubre del 2025
«El nombramiento de la ministra Miralles en el Ministerio de Economía y Finanzas es positivo, dada su trayectoria técnica y honesta».
En economía, las señales son mensajes que los agentes envían e interpretan para formar expectativas sobre el futuro. En los mercados financieros, las empresas y los gobiernos, estas señales determinan comportamientos de inversión, ahorro o consumo. Una política fiscal responsable, una autoridad monetaria creíble o un marco institucional estable son señales de confianza. En cambio, la improvisación, el populismo o la captura institucional generan señales de riesgo. En momentos de incertidumbre política, como el actual, la lectura de estas señales se vuelve decisiva: los mercados intentan distinguir entre el ruido y los hechos que realmente definen el rumbo del país.
Hoy, el Perú emite señales contradictorias. La elección de José Jerí como reemplazo de Dina Boluarte, tras su vacancia, es una de ellas. Su perfil no termina de ganarse la confianza de los mercados. No solo por los cuestionamientos de su vida privada, sino por su trayectoria parlamentaria al haber dado curso a numerosas leyes populistas que han comprometido la sostenibilidad fiscal y erosionado los fundamentos del crecimiento.
Otra señal clave será la conformación de su gabinete. El nombramiento de la ministra Miralles en el Ministerio de Economía y Finanzas es positivo, dada su trayectoria técnica y honesta. Pero el problema no es solo técnico, sino político. La señal que los mercados y los inversionistas esperan no depende únicamente del perfil de la ministra, sino de si el MEF tendrá respaldo político para resistir la ola de populismo fiscal que domina al Congreso.
El primer test será la Ley de Pensiones para maestros, que fija una pensión mínima de S/3,300 bajo un régimen de cédula viva, con un costo superior a S/7 mil millones. Aunque el Ejecutivo anterior la observó, se da por descontado que el Parlamento la aprobará por insistencia. La respuesta del nuevo gobierno será crucial: ¿acudirá al Tribunal Constitucional para declarar su inconstitucionalidad, o simplemente se quedará calladito? Esa decisión será una señal inequívoca de hacia dónde se inclinará el nuevo gobierno: hacia la responsabilidad o hacia la complacencia irresponsable.
El panorama se agrava con otros S/10 mil millones en proyectos de ley que podrían llegar al MEF en los próximos meses, y con el problema de Petroperú, cuya deuda supera los US$7 mil millones y que se encuentra al borde de la insolvencia. Con la salida de Boluarte, el nuevo gobierno tiene la oportunidad de remover a un directorio vinculado al fracaso de los últimos años y reactivar el plan técnico que quedó inconcluso, que dejó el anterior directorio. Si decide continuar con el salvataje, el mensaje será claro: el cortoplacismo vuelve a imponerse sobre la disciplina.
Las señales no solo provienen del poder político. Los mercados observan también la evolución de los fundamentos: la deuda pública ronda el 34% del PBI, las reservas internacionales los US$90 mil millones y el déficit fiscal el 2.5%. Pero detrás de estos números aparentemente sólidos se esconde una economía de bajo crecimiento potencial (2.5%), pérdida de productividad, informalidad persistente y una institucionalidad en retroceso.
Por eso, las señales que más importan hoy no son las de corto plazo, sino las que revelen si el país está dispuesto a romper el ciclo de improvisación. En el fondo, la pregunta es si la economía seguirá enviando mensajes de resiliencia pese a la política, o si finalmente las cuerdas separadas en apariencia volverán a encontrarse para recordarnos que ninguna economía puede prosperar con instituciones debilitadas.
