David Tuesta
Perú21, 18 de setiembre del 2025
«Porque hay avances que no deben echarse por la borda. Más de un millón de personas podrían acceder a una pensión mínima de S/600».
El problema previsional del Perú no es una amenaza futura: es una realidad presente. La mayoría de adultos mayores no accede hoy a una pensión digna, y las proyecciones demográficas indican que esta situación se agravará conforme envejezca la población. En pocos años, tendremos más adultos mayores que jóvenes, y millones llegarán a la vejez sin ingresos, sin ahorro y sin protección.
En este contexto, la nueva Ley de Reforma del Sistema Previsional representa un intento por empezar a construir algo que nunca se terminó de diseñar, pero enfrenta una amenaza real: una combinación de impaciencia social, populismo político y falta de información clara.
Tomemos el caso del octavo retiro de fondos de las AFP. Es una política técnicamente regresiva, que debilita al sistema y beneficia, en gran medida, a quienes ya tienen mayores recursos acumulados. No se trata de estar de acuerdo con la medida, sino de priorizar el andamiaje general. Lo crucial será redoblar esfuerzos de cara al futuro para evitar que los retiros se conviertan en una práctica permanente. Aquí el Estado tiene una responsabilidad clave: explicar con claridad que no es posible construir un sistema de pensiones que beneficie a los ciudadanos si los fondos son sistemáticamente retirados. No es ideología, es aritmética.
También hay reclamos ciudadanos con fundamento, especialmente sobre las pensiones mínimas, que muchos consideran insuficientes. Pero, nuevamente, corresponde al Estado explicar por qué ocurre esto. Las pensiones reflejan las condiciones del mercado laboral: baja productividad, sueldos reducidos, y carreras interrumpidas por la informalidad. Si aspiramos a pensiones más altas, alguien debe financiarlas. Si el trabajador no quiere aportar, y las empresas están al límite de sus cargas, el Estado tendrá que asumirlo. Es decir, todos nosotros. Nada es gratuito.
La nueva Ley no es perfecta. Tiene aspectos que generan legítima controversia, como la eliminación del retiro del 95.5% o la obligatoriedad de aportes para los independientes. Aunque técnicamente defendibles, han generado un rechazo social que amenaza con arrastrar toda la reforma. Lo sensato sería suspender su aplicación, abrir un debate más amplio y preservar lo que funciona.
Porque hay avances que no deben echarse por la borda. Más de un millón de personas podrían acceder a una pensión mínima de S/600. Se ha abierto la competencia en la administración de fondos, lo que debería reducir comisiones y mejorar servicios.
Lo fácil es destruir. Lo difícil —y lo responsable— es corregir sin demoler. Esta reforma puede ser el inicio de algo mejor, pero solo si decidimos proteger lo valioso, ajustar lo necesario, y construir sobre lo ya avanzado. ¿Queremos pensiones o no? Esa es la verdadera decisión de fondo y hay que explicar que la magia que promete el populismo es veneno puro.
