David Tuesta
Gestión, 11 de julio del 2025
Lo más grave es que lo que debía ser la excepción -la judicialización de los casos cuando la administración no acepta un fallo del Tribunal Fiscal- se ha vuelto la regla.
¿Qué significa para un país convivir con una administración tributaria impredecible? ¿Qué implica para empresas y ciudadanos que la Sunat pueda cambiar de criterio respecto a la aplicabilidad de una norma, prolongar procesos por años y desconocer fallos de órganos especializados? Estos temas fueron parte del debate en un foro organizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) hace pocas semanas, en el que hubo coincidencia respecto al creciente clima de incertidumbre fiscal en el Perú, y su consecuente impacto sobre el crecimiento económico y bienestar ciudadano.
Los datos confirman que este no es solo un problema de percepción ni un reclamo anecdótico en el Perú. El último informe Business Ready del Banco Mundial nos ubica en el puesto 34 de 50 países en funcionamiento general del sistema tributario, es decir, en el tercio inferior. Pero el desglose muestra un panorama más alarmante: Perú ocupa los últimos puestos en calidad de procedimientos administrativos (41), duración de las fiscalizaciones tributarias (45) -que se prolongan innecesariamente, elevando los costos de cumplimiento y la exposición a arbitrariedad- y el último lugar en duración de disputas tributarias, que se extienden por años y generan un riesgo financiero constante, bloqueando la posibilidad de planificar inversiones o decisiones empresariales básicas.
Hay suficiente evidencia de que la Sunat no solo interpreta las normas y los hechos económicos de forma muy particular, sino que puede cambiar de argumento incluso después de haber emitido resoluciones en fiscalizaciones, imposibilitando la defensa del contribuyente y destruyendo la confianza necesaria para cualquier planificación empresarial. Se encuentra también que tienen serios vacíos de conocimiento en cuanto al funcionamiento de los mercados financieros y sus innovaciones. En áreas como precios de transferencia, donde los acuerdos anticipados podrían brindar seguridad jurídica a operaciones legítimas, casi no se firman, dejando a las empresas expuestas a interpretaciones cambiantes y arbitrarias.
Lo más grave es que lo que debía ser la excepción -la judicialización de los casos cuando la administración no acepta un fallo del Tribunal Fiscal- se ha vuelto la regla. Hoy, cuando el Tribunal falla contra la Sunat, esta suele llevar el caso al Poder Judicial, que no siempre tiene el conocimiento técnico para resolver temas tributarios complejos, prolongando los procesos durante años. Así, el contribuyente se convierte en rehén de un conflicto surrealista: Estado vs. Estado. Sunat vs. Tribunal Fiscal, consumiendo tiempo, dinero y, sobre todo, la confianza en el sistema.
Las consecuencias económicas son profundas y destructivas. La literatura económica demuestra que la impredecibilidad de la autoridad tributaria eleva los costos de transacción: las empresas destinan recursos significativos a provisiones o defensa legal que podrían usarse en innovación, productividad o generación de empleo. Incrementa el riesgo país, pues la inseguridad jurídica es percibida como inestabilidad regulatoria, lo que encarece el costo del financiamiento para toda la economía y reduce la competitividad frente a otras jurisdicciones más estables. Limita la asignación eficiente de recursos: si los empresarios y ciudadanos no pueden anticipar sus obligaciones tributarias, postergan inversiones, frenan contrataciones, reducen la inversión en capital humano o adoptan estructuras empresariales pensadas solo para protegerse del riesgo, en lugar de maximizar la productividad. Esto significa menor productividad, menos innovación y menos empleos de calidad, condenando al país a un crecimiento débil y sin oportunidades para amplios sectores de la población.
La evidencia internacional refuerza esta lectura: un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional demuestra que un aumento en la incertidumbre fiscal reduce la actividad económica y deteriora las condiciones financieras, impactando especialmente a países como el Perú. La falta de claridad incrementa los costos de endeudamiento soberano y limita el espacio fiscal para atender necesidades básicas como educación, salud o infraestructura. Es decir, la incertidumbre tributaria no solo afecta a las empresas: hace más frágil al país en su conjunto.
Por tanto, estos problemas no son una cadena de anécdotas ni un reclamo de la gran empresa. Es un problema ciudadano. Son una amenaza para la institucionalidad de la administración tributaria, tan necesaria en un país con los niveles de informalidad que tiene el Perú. Este contexto perjudica a empresas y ciudadanos, erosiona la confianza y destruye la base sobre la que un país puede construir un desarrollo económico sostenible e inclusivo.
Por todo esto, resulta urgente que el Perú fortalezca la institucionalidad de su administración tributaria, haciéndola más profesional, transparente y predecible; una Sunat más institucionalizada, que interprete bien las normas tributarias, que respete sus propios criterios y los fallos del Tribunal Fiscal, que limite la judicialización solo a casos excepcionales y garantice que cumplir la ley sea suficiente para evitar procesos interminables. Solo con reglas claras y estables podremos reducir la informalidad, atraer inversión, generar empleo de calidad y mejorar sosteniblemente la recaudación de cara a financiar políticas públicas que cierren las brechas sociales.
