Por: César Azabache, Abogado
El Comercio, 23 de julio de 2018
No podemos comenzar los debates sobre la reforma sin cerrar el proceso de retiro de quienes han sido alcanzados por la crisis de las grabaciones. El señor Hinostroza sigue siendo juez supremo, aunque esté suspendido. El juez decano de la Suprema tiene ahora la palabra. Antes de elegir un nuevo presidente de la corte, el decano debe hacer que Hinostroza acoja la invitación a renunciar que ya le hizo el pleno.
El fiscal de la Nación, luego de asumir de manera innecesariamente ruda el cargo (pudo aclarar antes el contenido de sus conversaciones con Hinostroza ante la Junta de Fiscales Supremos), ha tenido la gran idea de concentrar a las fiscalías del Caso Odebrecht en un solo equipo. Falta, sin embargo, una señal que nos termine de convencer de que se mantendrá dentro y no fuera del clima de reforma que debe consolidarse entre nosotros.
Resueltas estas cosas, tocará discutir los fundamentos de la política judicial.
Entre todas las ideas puestas sobre la mesa, encuentro tres movimientos urgentes que debemos encarar si queremos iniciar un proceso de refundación del sistema judicial que merezca ser tomado en serio. El primero consiste en reducir la Corte Suprema, renunciando a toda designación provisional y prohibir regresar a lo mismo en el futuro. El segundo consiste en suprimir la rotación de juezas y jueces que ahora se hace año a año y durante el año, porque el cambio permanente de rostros en el judicial nos impide saber quién estará al frente de cada juzgado o sala la semana, el mes o el año que viene. El tercer movimiento consiste en reubicar los juzgados de primera instancia de manera que estén lo más cerca posible de los lugares en que vivimos, en nuestros distritos.
De los tres, este último me parece imprescindible.
Es muy sencillo. Usted que me lee sabe sin duda dónde está la comisaría más cercana al lugar en que vive. Sabe a qué centro de salud debe ir si lo necesita. Sabe probablemente quién es su alcalde. ¿Pero sabe quién es el juez al que debe acudir si necesita protección, si le han causado un daño que requiere ser reparado o si alguien ha cometido en su agravio un delito? ¿No tenemos acaso derecho, como ciudadanos, a tener lo más cerca posible un juez con rostro, nombre y apellido, al que podamos pedir protección, reparación o castigo? ¿No se trata también de eso el fundamento del Estado? Si no tenemos ni siquiera eso, ¿de qué sistema judicial queremos hablar?
El tipo de responsabilidad y compromiso que buscamos en la judicatura es imposible de lograr si juezas y jueces no se vuelven visibles para la ciudadanía.
Necesitamos, por supuesto, salas nacionales y equipos de fiscales especializados para los grandes crímenes y para los grandes casos legales. Pero junto a las salas nacionales necesitamos también un sistema sencillo, liviano y accesible que nos permita reconocer en la justicia un espacio abierto de formación de reglas sobre lo justo cotidiano. Si queremos implantar la justicia en nuestro tejido social, tenemos que sacarla de los edificios enormes y apiñados en que ahora se esconde y repensarla en relación directa con mujeres y hombres concretos.
Claro, junto con esta redefinición vendrán miles de problemas legales y financieros que habrá que resolver. ¿Nos costará? Sin duda. Y aunque aún no se ha hecho el cálculo, probablemente nos costará mucho. Pero esto es lo que ocurre cuando se dejan deudas impagas. El esfuerzo se multiplica cuando se postergan las soluciones de los problemas imprescindibles por toda la eternidad.
El traslado de juzgados deberá contar con acuerdos con las municipalidades para que ellas faciliten la implementación de locales apropiados en el menor tiempo posible. En paralelo, la fiscalía, que ya anda en ese intento, debe expandir sus propios programas de municipalización. La parte más difícil de lograr será implementar centros de detenciones temporales distritales, y al mismo tiempo lanzar de una vez el programa de grilletes electrónicos, que resultan imprescindibles si el sistema debe expandirse por este camino.
Nuestra reforma requiere establecer una relación honesta entre quienes integran el sistema y las comunidades específicas con las que deben interactuar. No reformaremos la justicia cambiando el modo en que se escriben sentencias o se almacenan expedientes. Y ni siquiera la reformaremos actualizando sus soportes tecnológicos. Reformaremos la justicia si logramos juezas y jueces que entiendan que su cometido es proteger mujeres, niños y grupos vulnerables, proveer a los afectados reparaciones que compensen el daño sufrido y asegurar que quienes cometen delitos sean castigados oportunamente.
Si no modificamos el ambiente institucional en que nos movemos para implantar independencia, imparcialidad e inamovilidad al sistema; si no instalamos a la judicatura en el centro de nuestras preocupaciones morales, cambiemos lo que cambiemos, regresaremos a lo mismo.
