Por César Azabache, Abogado
El Comercio, 26 de marzo de 2018
Tenía planeado escribir un artículo sobre las reglas del lavado de activos. Hay en esta área muchas advertencias que hacer y muchas construcciones legales que terminar de perfilar en sus alcances. Y el allanamiento el sábado de la casa del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski deja demasiadas cosas en duda. Sin embargo, existen cuestiones previas que requieren respuestas claras y concluyentes.
Hace poco más de un año descubrimos que después de dirigir la Marcha de los Cuatro Suyos y recibir de Valentín Paniagua la posta para organizar la transición, Alejandro Toledo habría pedido a Jorge Barata en Brasil un soborno que evoca simbólicamente, en su exorbitante dimensión, al primer monto que la fiscal Cornelia Cova descubrió en Suiza, en poder de Vladimiro Montesinos: US$30 millones. En el año se han descubierto además los no menos graves US$3 millones que Humala y Heredia habrían aceptado en secreto de Odebrecht y los otros US$3 millones que destrozarían el recuerdo esquivo de la perfecta honestidad de Susana Villarán.
Un aficionado a navegar entre el significado de los números podría reparar en la oscura insistencia con que el número tres aparece en estas escenas macabras. Pero no es la numerología la cuestión a revisar. Es el letargo que produce entre nosotros contemplar todas las repeticiones. El frío refugio en la indiferencia y la desesperanza encierra el enorme peligro de instalar entre nosotros el abandono como estilo de acción pública.
Es este el ambiente en el que tres congresistas y un grupo de traficantes políticos (a muchos de los cuales aún habrá que identificar) aparecen en la escena canjeando votos (al menos el del congresista Mamani) por la oportunidad mezquina de traficar contactos en el gobierno que permitirían al sobornado saquear futuros proyectos públicos: “De una obra de S/100 millones que te caiga 5%”.
La vacancia de diciembre no era entonces una simple cuestión de votos. Tendría que haber sido la escena en que fijáramos los límites morales de la actividad pública. Pero fue la escena en que se denigraron los difíciles debates que ya estaban en curso sobre el final de la condena impuesta a Alberto Fujimori hace más de 10 años.
La torpeza del procedimiento que en ese momento se adoptó terminó contaminando una cuestión que debió discutirse de otra forma. Ahora, con la exhibición de su bajeza, los personajes que detuvieron la vacancia en diciembre han puesto en riesgo, no tengo duda alguna, la sostenibilidad del indulto. Y, además, han abierto un nuevo capítulo de cuestiones penales destinado a saturar al extremo nuestra agenda en plazo inmediato.
En condiciones institucionalmente estables, las grabaciones del congresista Mamani tendrían que haber generado un procedimiento de intervención en flagrancia dirigido por la fiscalía. Esta intervención habría provocado la entrega inmediata de los personajes de esta historia perversa al Parlamento, me refiero a los que tienen inmunidades, para su desafuero. En condiciones estables algunos de ellos habrían ido a prisión de inmediato.
Sin embargo, comprendo que las cosas hayan adoptado otro rumbo. Por desgracia, las relaciones entre el Ministerio Público y la mayoría en el Congreso no fueron buenas el año pasado. La falta de confianza, que supongo es mutua, explica que se haya optado por una forma de hacer las cosas, por cierto lícita, pero distinta, menos perfecta y más arriesgada.
Convertir al congresista Mamani en un improvisado pero aparentemente bien entrenado agente encubierto supone haber adoptado muchísimos riesgos prácticos. Hasta donde ahora parece, todos ellos han sido sorteados con éxito. El congresista Mamani, nos gusten o no sus antecedentes, su perfil o el modo en que hizo las cosas, al parecer actuó con la enorme precaución de no contaminar sus registros con frases o expresiones impropias que pudieran afectar la utilidad legal de la evidencia construida.
Y la evidencia deja listo el caso a presentar. Podría faltar, pero no es imprescindible, saber qué ocurrió en esa reunión en casa de Kuczynski, a la que se hace referencia al menos dos veces en los registros. También podría faltar, pero no es un obstáculo, completar la lista de las personas que organizaron esta vulgar conspiración. Habrá que escuchar a los personajes. Pero no puedo imaginar qué puedan decirnos que impida que la cárcel sea ahora su destino inminente.
Ignoro cuánto tiempo planea tomar el Congreso para procesar esto, pero debo advertir que para un caso así de completo no pueden necesitarse más de 15 o 20 días (el tiempo necesario para proceder apropiadamente). Además, el tiempo que probablemente tomará que la fiscalía pueda ampliar los cargos contra el ex presidente Kuczynski para incorporarlo en el caso de las IIRSA, sin duda una investigación más sostenible que la de Westfield y First Capital.
De hecho, solo, el caso de Westfield y First Capital está destinado al archivo, si el Congreso no decide pronto declarar imprescriptible este tipo de asuntos.
