Por: Claudia Cooper, Ex Ministra de Economía y Finanzas
El Comercio, 6 de diciembre de 2018
El Perú ha sobresalido en América Latina. En los últimos 15 años, la tasa de crecimiento del PBI per cápita del país ha sido consistente y significativamente superior a la observada en la región.
Este crecimiento no ha sido gratuito. Se basó en la implementación de cambios estructurales, fundamentos macroeconómicos sólidos y en una continuidad de política de más de 25 años. Es decir, el Perú inició un nuevo contrato económico basado en la inversión privada y la apertura financiera. Y bajo el paraguas de la nueva Constitución, la institucionalidad económica es un proceso continuo que tuvo dos momentos reformistas en nuestra historia económica reciente.
A inicios de los 90, se dictaron las primeras reformas: la autonomía del Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca Seguros y AFP, una sólida legislación de protección de inversiones, una reforma tributaria basada en la simplificación, la integración internacional y en el incentivo a la inversión, y finalmente la creación del sistema de pensiones y de fondos mutuos puso la base para el crecimiento del ahorro en el Perú.
La segunda ola de reformas estuvo enfocada en tres aspectos principales.
Primero, se dieron medidas para consolidar la solidez macroeconómica dirigida a evitar los problemas del ciclo expansivo anterior, abruptamente detenido por las crisis asiática y brasileña, las cuales dejaron al Estado, las empresas y los bancos severamente debilitados. Así, para garantizar un crecimiento sostenido, se introdujeron el esquema de meta inflación, la Ley de Responsabilidad Fiscal y una nueva normatividad prudencial al sistema bancario basada en una nueva regulación de riesgos.
La estabilidad de precios y del tipo de cambio permite la estabilidad del consumo, mientras que ambas, sumadas a la estabilidad fiscal, permiten el acceso a bajas tasas de interés y a diversas fuentes de financiamiento para que los sectores público y privado puedan costear la construcción de viviendas y de proyectos orientados a cerrar brechas de infraestructura.
En segundo lugar, con la firma del TLC con EE.UU. se inició un agresivo proceso de apertura comercial, a la cual siguieron la firma de múltiples tratados de libre comercio y la creación de la Alianza del Pacífico. La creciente diversificación de la cartera de inversión extranjera y de países origen y destino de nuestro comercio exterior es resultado de este esfuerzo.
Para iniciar la diversificación de nuestra cartera de productos de exportación, se inició un proceso de diversificación productiva. Se dieron medidas para dotar a la agro-exportación del marco legal que le permitiese convertirse en la segunda actividad del portafolio exportador.
Sin embargo, el crecimiento del Perú ha entrado en una meseta y las proyecciones de crecimiento para el PBI potencial de mediano plazo han bajado paulatinamente desde 6% a 4% en la actualidad, y con riesgos a la baja. Y es que el crecimiento en las últimas décadas ha sido consecuencia de la acumulación de capital de trabajo producida por las reformas dirigidas a incrementar la inversión en capital y al crecimiento del empleo, mientras que la productividad ha tenido un rol muchísimo menor.
Para el economista Santiago Levy, el verdadero problema del crecimiento en América Latina –la mala asignación de recursos– es un factor importante en el bajo nivel de productividad. Y es que con políticas ineficientes e instituciones disfuncionales las empresas prevalecen no porque sean más productivas, sino porque se adaptan mejor a las normas.
Alternativamente, para Michael Porter la falta de diversificación del crecimiento y la alta dependencia de los mercados globales de commodities son debilidades del crecimiento peruano.
En conclusión, sería imprudente y socialmente riesgoso quedarse sentado y esperar a que la recuperación global y algún factor exógeno nos hagan retomar tiempos mejores. Cuidemos lo ya ganado y empecemos a debatir el tercer momento reformista.
