Charo Camprubí
Para Lampadia
El Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha agotado los dos plazos que le dio el Gobierno para aclarar si había declarado la independencia de Cataluña o no, y en caso de que la respuesta fuese afirmativa, para rectificar y volver al orden constitucional. La pregunta tenía su razón de ser ya que Puigdemont no sometió el 10 de octubre a la votación del Parlamento su llamada Declaración Unilateral de Independencia (DUI) sino que la suspendió, por lo que muchos consideraron que la Declaración en cuestión había sido un mero ejercicio de retórica.
En su afán de que Puigdemont entrara en razón, el Gobierno amenazó con activar el artículo 155 de la Constitución de 1978 que permite la intervención del Estado en una Comunidad Autónoma díscola. Sin embargo, la primera respuesta de Puigdemont fue tan ambigua que no fue considerada válida por el Gobierno. La segunda, remitida hoy, se presenta como un desafío, una huida hacia adelante de proporciones inauditas, ya que por un lado recuerda que “la suspensión sigue vigente” y por otro amenaza con hacer votar la independencia en el Parlamento catalán si el Gobierno activa el artículo 155.
Esta respuesta ha sido considerada un chantaje en toda regla por el Gobierno que ha tenido una paciencia de santo con ellos, en parte gracias al temperamento del presidente de Gobierno, Mariano Rajoy. Rajoy no es un hombre autoritario; es un gallego suave, más bien pusilánime, al que le gusta que las cosas caigan por su propio peso. Este estilo de Gobierno permitió que los independentistas llevaran adelante su agenda sin que se los parara a tiempo. A pesar del disgusto de cierta prensa madrileña y de la postura del ala dura del Partido Popular, capitaneada por José María Aznar, Rajoy no reaccionó con la energía suficiente cuando el Parlamento catalán votó el 6 y 8 de setiembre las leyes llamadas de “desconexión” que llevaron al referéndum ilegal del 1 de octubre, declarado nulo esta semana por el Tribunal Constitucional.
Ahora, in extremis, Rajoy va a pasar por fin a la acción, no sin antes haber consensuado con el principal partido de la oposición, el PSOE, los pasos a seguir para restablecer la legalidad Constitucional en Cataluña. El frente favorable a activar el 155 se apoya en tres partidos: el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos y goza, por lo tanto, de un gran apoyo parlamentario. Será una operación hecha con bisturí pues hay que respetar principios constitucionales básicos como los de necesidad y proporcionalidad. Este sábado se aprobará en Consejo de Ministros las medidas concretas que el Gobierno va a proponer al Senado.
Lo que Puigdemont no quiere por nada del mundo es hacer lo que le pide el Gobierno y el PSOE para darle una salida política a la crisis y evitar la aplicación del artículo 155, es decir, convocar ahora elecciones en Cataluña. En este punto Puigdemont se ha cerrado en banda porque teme perder la mínima mayoría parlamentaria que tiene gracias a una ley electoral que favorece a las regiones poco pobladas donde prima el independentismo. De hecho, en las últimas elecciones autonómicas, consiguió una mayoría de diputados, pero no de votos. Y en el referéndum del 1 de octubre solo un 38% de la población catalana votó a favor de la independencia. Por lo tanto, Puigdemont pretende destruir la integridad territorial de España sabiendo a ciencia cierta que el independentismo sigue siendo minoritario en Cataluña.
El frente independentista se ha enzarzado en una dinámica peligrosa. Pero mientras el frente constitucionalista español está bien cohesionado, ya que tan solo Unidos Podemos y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) rechazan que se aplique el 155, el frente independentista comienza a resquebrajarse. El partido de Puigdemont, PDECat, pasa por tremendas tensiones internas, dividido entre los que quieren que se ponga un freno a la deriva independentista y los que escuchan las voces de sirena de ERC y sobre todo de los antisistema de la CUP que claman por proclamar la República independiente cuanto antes. En todo caso, hacer votar por el Parlamento la independencia tiene grandes riesgos para todos ellos. Primero, porque incurrirían en el delito de rebelión cuya pena puede ser de 20 años de cárcel o más. Segundo, porque podrían perder la votación si les fallara algún diputado de su escueta mayoría.
La fiebre independentista puede aplacarse o encenderse aún más en función de los acontecimientos. Para el independentismo es un jarro de agua fría ver que en tan solo unos días han abandonado Cataluña más de 800 empresas, así como constatar que la Unión Europea no está dispuesta a echarles una mano, sino que pide una solución de la crisis catalana dentro del marco del orden constitucional español. Por otra parte, activar el artículo 155 elevará la temperatura hasta límites aún desconocidos. En este contexto, cabe recordar que su puesta en marcha es un proceso lento y complejo pues las medidas que proponga el Gobierno tienen que ser aprobadas por mayoría absoluta del Senado y que Puigdemont podría ser vuelto a contactar, esta vez por el Senado, antes de la aprobación de las medidas en cuestión. Todavía hay tiempo para serenar el juego. Lampadia
