Por: César Peñaranda Castañeda, Economista
Gestión, 10 de junio de 2019
Crecer al ritmo promedio anual del quinquenio 2014- 2018 (3.2%) difícilmente podrá resolver los problemas de carencia de empleo adecuado y alta informalidad laboral y empresarial, que generan bajos ingresos y mantiene alta la pobreza, con el riesgo de agravarse.
A la mencionada tasa se crearían medio millón de empleos en el 2019-2021, insuficiente pues cada año se incorporan al mercado de trabajo 270,000 personas, a los que se suman los subempleados (47% de la PEA) que requieren salir de esa condición. Se está debajo de la tasa (3.5%) que se estima la mínima necesaria para no subir la pobreza (20.5% de la PEA). Aun el 4% que postula el Ejecutivo no alcanza pues se generarían 680,000, cuando la demanda por empleo sobrepasa los 800,000, y la pobreza en tres años bajaría en total 2.9 puntos porcentuales (p.p.).
Si se crece a 6% promedio anual se tiene un escenario distinto con 1,100 mil oportunidades de empleo y la pobreza bajaría 2.9 p.p. por año. A este ritmo, más temprano que tarde, podemos ingresar a la ruta para alcanzar un nivel de país del primer mundo.
La estrategia para alcanzar y sostener tasa alta del producto bruto interno (PBI) para generar empleo adecuado, reducir la pobreza e informalidad debe priorizar dos temas. Primero, mantener la estabilidad macroeconómica respetando los fundamentos macro, conforme se viene haciendo por 29 años, que la convierte en un activo nacional; empero, es una condición necesaria mas no suficiente. Segundo, poner énfasis en fortalecer las instituciones, potenciar la inversión e incrementar la productividad.
Respecto a las instituciones, profundizar y acelerar la reforma política a la par con la judicial para enfrentar y reducir la corrupción, la inseguridad y garantizar el imperio de la ley. Se fortalece así nuestra incipiente democracia y la economía social de mercado como régimen económico.
En cuanto a la inversión, como acción horizontal para la actividad productiva acelerar y profundizar la reforma del Estado a nivel del gobierno nacional, regional y local, en lo pertinente a la simplificación administrativa, desregulación, eliminación de barreras burocráticas, a la par con digitalizar todo el aparato estatal, lo cual mejora el ambiente de negocios, baja la informalidad y coadyuva a reducir la corrupción.
Otro punto importante es dar especial atención al sector minero-energético, por su impacto en exportaciones, recaudación y sobre actividades productivas como construcción, manufactura y servicios, dando oportuna atención a los conflictos sociales con un equipo profesional especializado, a la par con potenciar el Fondo de Adelanto Social para atender necesidades de infraestructura y servicios básicos de las zonas en conflicto.
Trato singular corresponde dar a la inversión en infraestructura, para mejorar la conectividad y aumentar la productividad, para lo cual es indispensable dinamizar las asociaciones público-privadas y obras por impuestos, priorizando proyectos y simplificando los procesos.
Finalmente, para aumentar de manera sostenida la productividad, a la par con reducir la informalidad empresarial y laboral, se requiere priorizar cinco reformas con efecto horizontal sobre todo el aparato productivo, sin perjuicio de buscar elevar la productividad sectorial vía mesas de trabajo. Dos reformas pro capital humano, educación y salud; vinculada a estas la pertinente a innovación, ciencia y tecnología. Las dos reformas restantes son la laboral y la tributaria.
