César Ipenza
El Comercio, 29 de octubre del 2025
“La minería aurífera de pequeña escala es una fuente crítica de contaminación. Es urgente que se adopten no solo decisiones globales, sino nacionales”.
El Convenio de Minamata sobre el Mercurio entró en vigor en el 2017, y constituye una respuesta mundial a fin de proteger la salud humana y el ambiente frente a las emisiones y liberaciones de mercurio y sus compuestos. Busca proteger especialmente a las poblaciones más vulnerables, como los pueblos indígenas, las mujeres, los niños y las generaciones futuras. Más allá de la relevancia inherente al cumplimiento de los compromisos internacionales en el marco del convenio, los países también necesitan medidas nacionales conducentes a atender su propia realidad.
Los países miembros de este convenio, que suman 140, se reunirán en la Sexta Conferencia de las Partes-COP en Ginebra (Suiza), del 3 al 7 de noviembre, para evaluar sus avances y retos, pero la cita sobre todo debe servir para dos acciones prioritarias.
Primero: mejorar el mandato y fortalecer el rol de este instrumento como, por ejemplo, reformar el texto del convenio con el objetivo de prohibir a nivel global el uso y comercio de este insumo, uno de los más peligrosos y ampliamente utilizado en la minería de oro de pequeña escala.
Segundo: solicitar al comité de aplicación y cumplimiento del convenio que promueva la implementación y supervise sus disposiciones. Esto significa que no solo debe identificar las fuentes de uso del mercurio, sino que también formule recomendaciones que permitan a los países cumplir de manera más rápida y eficaz sus obligaciones frente a los riesgos asociados a este metal.
En la región andino-amazónica tenemos serios problemas de comercio legal de mercurio proveniente desde México, que luego termina ingresando de contrabando al Perú, Colombia, Ecuador y Brasil, como se ha evidenciado en la última incautación de mercurio por la Sunat. Cerca de 20 toneladas de mercurio, que iban de contrabando con piedra chancada, era comercializada por organizaciones criminales como el cartel Jalisco Nueva Generación.
Este instrumento evidencia el rol que tienen los convenios ambientales: proteger la vida y salud de la gente. Lamentablemente, los últimos estudios realizados demuestran un grave avance en los niveles de contaminación en las personas de regiones como Madre de Dios, y en los ríos Nanay y Putumayo, en Loreto, lo que será cada vez más complejo conforme la minería ilegal se amplifique y siga tomando espacios de poder.
En el Perú, el Ministerio del Ambiente tiene un rol importante. Desafortunadamente, en el contexto de crisis que vivimos, hay temas poco atendidos y entendidos, como la necesidad de actualizar el inventario de emisiones no intencionales, que constituye el registro detallado de las liberaciones de mercurio a la atmósfera, agua y suelo. El último fue el del 2021. Además, no contamos con un plan de acción nacional sobre el mercurio en la minería de pequeña escala, que busque reducir y eliminar el uso de mercurio en este sector. Estos planes suelen incluir estrategias normativas promoviendo alternativas tecnológicas sin mercurio y regulando el comercio ilegal.
Por otro lado, en el Congreso de la República existen dos proyectos de ley para prohibir el mercurio, pero el debate no avanza. Así, vamos quedando detrás de Colombia, Ecuador y recientemente Bolivia, que han procedido a prohibir el mercurio para tener una respuesta articulada ante el Convenio de Minamata. El Perú tiene una oportunidad importante de impulsar, de proponer mejoras y asumir compromisos en la próxima COP.
La minería aurífera de pequeña escala continúa siendo una fuente crítica de contaminación, que impacta de manera desproporcionada a las comunidades indígenas, rurales y ribereñas de la Amazonía. Por ello, es urgente que se adopten no solo decisiones globales, sino nacionales que prioricen la salud humana, la justicia ambiental y la protección de los ecosistemas.
